jueves, 20 de noviembre de 2014

LA PRIMERA MOVILIZACIÓN MESA SECTOR PÚBLICO EN VALPARAÍSO

DESDE LA INTENDENCIA REGIONAL AL CONGRESO NACIONAL MARCHÓ LA ASOFUMI. 

Marchamos en un día muy caluroso para lo acostumbrado en Valparaíso, Íbamos junto a cientos de profesores, funcionarios de la salud y dirigentes de las Asociaciones del Sector Público. 

Desde la Intendencia Regional con un lienzo plastificado muy bien hecho, que nuestro Secretario Regional, Gustavo Avila confeccionó para esta oportunidad. Fuimos con nuestra Presidenta Regional, Marcela Gálvez y la Presidenta Nacional, Delia Arneric.

Ya en el Parque Italia ó Plaza del Pueblo la columna estuvo impedida de continuar al Congreso. Sin embargo, la fuerza de la razón y el hecho que vivimos en democracia, determinó que evitáramos las vallas que la fuerza pública había instalado y continuáramos hacia la sede del Poder Legislativo.

Ya una vez en el frontis de la Casa de Diputados y Senadores que discutirán el reajuste del Sector Público, los manifestantes nos acercamos directamente a su principal puerta de fierro, para instalarnos allí a gritar y cantar. Pacíficamente.

Sin embargo, en escasos minutos el tan bien ponderado "guanaco" se acercó fugazmente para "refrescarnos", claro, un poco más de la cuenta. Valió la pena, el calor de la razón y del sol, requerían un poco de agua, ¡¡era agua!!

Nuestro lienzo salió lesionado por el agua, fue nuestro techo y la potencia del agua lo rajó en varias partes. NO IMPORTA, HABRÁN NUEVOS LIENZOS !!

Por la Calle Condell aún sin tanto calor


Secretario Regional. ya frente a las puertas del Congreso Nacional
Junto a la Salud y Profes gritando

ASOFUMI REGIONAL Y NACIONAL: En las puertas de la democracia binominal
LA PRUEBA DE NUESTRA PRESENCIA EN EL TECHO DEL CONGRESO
Y BUENO, FALTABA EL REFRESCO.......................................VENDRÁN OTROS



video


INVITAMOS A TODOS/AS NUESTROS/AS DIRIGENTES A REMITIR SUS REGISTROS Y ESPECIALMENTE A SUMAR Y SUMAR A LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES.


MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE, 2014



lunes, 17 de noviembre de 2014

INSTRUCCIONES MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE RENOVACIÓN CONTRATOS

CIRCULAR Nº35 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL MINISTRO ALBERTO ARENAS

RESPECTO A LAS NO RENOVACIONES DE CONTRATO PARA EL 2015:

1. LIMITADAS SÓLO A CASOS DEBIDAMENTE FUNDADOS, ACREDITABLES Y OBJETIVOS.
2. CRITERIOS: EVALUACIÓN DESEMPEÑO, Ó NO CONTINUIDAD DE PROGRAMAS.
3. RECONSIDERACIÓN CUANDO NO SE PONDERARON CIRCUNSTANCIAS O SE DISPONE DE NUEVOS ANTECEDENTES. SE REALIZARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.  

REVISA LA CIRCULAR: 


FAVOR CONSIDEREN ESTA CIRCULAR PARA EXIGIR LOS DERECHOS QUE LES ASISTEN.

DIRECTORIO NACIONAL
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

viernes, 22 de agosto de 2014

ESCALONA EN EL PRIMER CAFÉ DE RADIO COOPERATIVA

Califica de "lastre" a los analistas de inversión: Pedimos a nuestras autoridades acabar con el silencio


Santiago, 22 de agosto de 2014

Durante el día de ayer el ex Senador Camilo Escalona en la conocida emisión de radio Cooperativa junto a otros panelistas que abordaban el tema de "El crecimiento ante la Reforma Tributaria", se refirió en siguientes términos a quienes trabajan en este Ministerio en el análisis de las iniciativas de inversión:

 “…queremos salir de esta situación de desaceleración, por el bien de Chile. Espero que el Ejecutivo sea agresivo en la inversión. Que muchos funcionarios ojalá no frenen, por ejemplo los famosos que calculan la rentabilidad social de los proyectos habitualmente SON UN LASTRE. Todos quienes alguna vez hemos estado vinculados de manera directa o indirecta en las tareas de gobierno sabemos que se frena la inversión por fallas burocráticas………

Hemos reaccionado de inmediato por las redes sociales para defender a nuestros/as colegas de Arica a Punta Arenas y rechazando no sólo las palabras sino el fondo de las expresiones de Escalona; que por lo demás, no habla a título personal, dado su calidad de Presidente de un Instituto de Estudios.

Es el momento de terminar con este largo proceso de destrucción del Sistema Nacional de Inversiones, de explicar a estas personas que generan opinión pública -autoridades incluidas-, que este país con el análisis de la inversión pública efectuado por un equipo de casi 150 profesionales, ha sido posible materializar colegios, caminos, postas, centros culturales, alumbrado público, sistemas de agua potable rural, embalses,  miles de millones de pesos invertidos con crecientes grados de certeza técnica y económica. Y decimos económica no sólo porque sean rentables, incluso muchas obras no lo son, pero satisfacen problemas de la comunidad y no constituyen meros deseos.


Es triste que gente con tanta influencia en el devenir del país, tenga falencias tan profundas en la comprensión de los procesos que sustentan la seriedad con que se enfrenta el uso de los recursos públicos. No queda claro si realmente hay contenido detrás de sus afirmaciones o sólo busca acaparar medios con esta “farándula política”.
           
          Esperamos y exigimos una respuesta contundente por parte de nuestras 
          autoridades, es momento de romper el silencio mediático que tanto se nos 
          critica.

          PD. El video con Escalona, a los 6 minutos con 30 segundos.



Directorio Nacional 
Asociación de Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social


viernes, 23 de mayo de 2014

Ficha CAS y Encuesta CASEN: Hijas primogénitas del Sistema de Información Social

Los orígenes de las Encuestas C.A.S. y CASEN (1973-1985) (Parte 1)

Hace unas semanas descubrí en la biblioteca de Ministerio de Desarrollo Social una serie de documentos que, a mi parecer, ilustran de manera explícita la forma en que el ‘principio racionalizador’ guío la política social durante el periodo de dictadura[1]. Los documentos titulados “Informes de Política Social” del periodo 1976-1989 son particularmente interesantes por tres motivos: 1) visibilizan los principios políticos y supuestos económicos bajo los cuales se reformuló la labor Estatal, 2) ilustran la importancia que tuvieron los técnicos e intelectuales que colaboraron con la Dictadura en dotar de un una visión económica y social al gobierno autoritario, y 3) describen la génesis de los instrumentos constitutivos del Sistema de Información Social actual.

La presente nota pretende realizar una revisión histórica de los principales instrumentos que utilizó la Dictadura para diseñar, aplicar y evaluar su ‘política social’, en particular aquellos creados bajo la dirección de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) durante el periodo 1973-1985. El objetivo no es ahondar en el principio focalizador que guió la política social ni en el marco institucional subsidiario que la condicionó, tampoco en el rol político que jugaron los ‘especialistas en política social’ de la Dictadura. Lo que se busca es identificar los mecanismos propios de la política social creados y utilizados desde mitad de los ‘70 hasta fines de los ‘80, y enunciar los argumentos que fueron utilizados para justificar su creación.

La génesis del Sistema de Información Social se plasma en la creación de sus mecanismos, a saber, el Mapa de Extrema Pobreza (1974), los Comités de Asistencia Social y la “Ficha C.A.S.” (1977) y la encuesta de “Caracterización Socioeconómica Nacional” o “CASEN” (1985). Las ideas que dieron origen a la creación de estos instrumentos pueden encontrarse en “El Ladrillo”, documento creado para inspirar el programa de gobierno de Jorge Alessandri, rechazado por este último en 1970 por la radicalidad de sus planteamientos, y aplicado por la Junta de Gobierno a partir de 1973 (De Castro y otros, 1992, p. 8-9). En dicho documento se indica que la política social utilizada hasta esa fecha, basada en control de precios y ajustes de salarios, eran ineficiente pues generaba distorsión de precios, presiones inflacionarias y mercados negros, y no beneficiaba a los sectores más desfavorecidos (De Castro y otros, 1992, p. 137-138).

Los ideólogos de la Dictadura proponían una política social redistributiva que tuviera como objetivo principal la erradicación de la pobreza extrema mediante el crecimiento económico (similar a la idea del “chorreo”) y la inversión en capital social. De acuerdo a ellos, el sistema más eficiente para redistribuir el ingreso a favor de los más pobres era el de otorgar subsidios directos por parte del Estado. Bajo el escenario de que sólo debían ser susceptibles de ‘beneficios sociales’ aquellos individuos carentes de recursos, los autores declaraban que el principal problema que se presentaba era el “de la identificación de los beneficiarios”, indicando que la mejor forma era “lisa y llanamente conceder el beneficio a quienes postulen declarando cumplir los requisitos mínimos”. Al respecto resaltaban que habría “un cierto nivel de engaño” pero que era preferible sufrirlo si con ello se garantizaba que los realmente pobres alcanzarán un nivel de vida con un mínimo de dignidad. Para remediar una posible filtración de beneficios hacia sectores no extremadamente pobres los autores proponían generar un “empadronamiento exacto de cada beneficiario con sus datos”, e “investigar aleatoria y periódicamente a un cierto número de beneficiarios a través de visitadoras sociales, de personal especializado de Carabineros, etc.”, especificando que “la sanción por el engaño comprobado tendría que ser ejemplarizadora y aplicarse efectivamente y con publicidad” (De Castro y otros, 1992, p. 142-143).

En 1975 “al constatar que las investigaciones sobre distribución de ingreso y marginalidad llevaban a la conclusión de que las políticas tradicionales aplicadas con el objeto de mejorar la condición económica y social de los más pobres habían resultado ineficaz”, miembros del Instituto de Economía de la Universidad Católica coordinados por Miguel Kast (ODEPLAN) crearon el “Mapa de Extrema Pobreza”. El objetivo era “identificar geográficamente al grupo de extrema pobreza, tener una descripción más detallada de sus características socio demográficas, educacionales y de empleo” (Molina, Donoso, & Llona, 1975, pág. 1). Este estudio si bien habría sido útil para la formulación, implementación y evaluación de las políticas sociales posteriores, no permitió la identificación individual del potencial beneficiario lo que habría limitado la eficiencia en la acción social desarrollada por el Estado. Al respecto el informe de ODEPLAN (1978, p. 13) indica que “la falta de mecanismos homogéneos de selección de los beneficiarios” y “la desmesurada centralización y burocratismo de los organismos estatales” atentaban contra la eficiencia en el uso de los recursos destinados a lograr mayores niveles de bienestar social.

En base al anterior diagnóstico fue que el grupo de expertos de ODEPLAN propuso la creación de los “Comités de Asistencia Social”. La responsabilidad de estos organismos dependientes de los Municipios radicaba en “coordinar los esfuerzos y la información disponible en los diversos organismos públicos y privados de carácter social, con el fin de confeccionar listados de las personas más necesitadas de la comuna según su grado de pobreza”. A estos Comités les tocaría gestionar los “bonos de atención” entregados por el Gobierno, que permitirían a sus beneficiarios acceder a los programas desarrollados por las instituciones públicas para asistir a los sectores de extrema pobreza. Por su parte, la cantidad de bonos que recibiría cada comuna estarían determinados a partir de los resultados del “Mapa de Extrema Pobreza” (ODEPLAN, 1978, p. 7-9). Uno de los programas que utilizó el mecanismo ejecutado por los Comités fue la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Al respecto se indica que la selección de beneficiarios con acceso a los establecimientos JUNJI se hizo desde 1980 en base a “los criterios de identificación aplicados por los Comités Comunales de Asistencia Social”, garantizando que este beneficio llegase “efectivamente a aquellos niños que más lo necesitan” (ODEPLAN, 1980, p. 7).

Si bien se podría entender que los sistemas de identificación eran instrumentales para una ‘correcta’ entrega de bonos que facultaran el acceso excepcionalmente a beneficios sociales entregados por el Estado, la conjunción de tres características: 1) el rol subsidiario asumido por el Estado, 2) que los subsidios debían beneficiar exclusivamente a aquellas personas que no tenían suficientes recursos para acceder a los bienes considerados elementales, y 3) que los factores de producción debían ser remunerados de acuerdo a su productividad, llevó a que la política social fuera “paulatinamente orientando a variados subsidios que otorga el Estado como apoyo financiero y normador de las acciones ejecutadas por privados” (ODEPLAN, 1982, p. 1-5)[2].

La intención de la autoridad por avanzar en la creación de un mecanismos eficiente para focalizar el gasto el gasto social se hace explicita en el Informe de Política Social del año 1983. En su capítulo “El Sistema de Información Social” se indica que “el objetivo de este sistema es proveer de la información que se requiere para racionalizar el gasto social, es decir, para conseguir que llegue en la cantidad y calidad adecuada a donde y a quien más lo necesite” (ODEPLAN, 1984, p. 43). Para ello el Estado ya contaba con cuatro fuentes de información:

-     El “Mapa de Extrema Pobreza”: estudio desarrollado a partir de una muestra del 5% del censo 1970 que lograba identificar, localizar y dimensionar los niveles de carencias del conjunto de áreas geográficas del país.
-     
     La “Información C.A.S.”: entrevista aplicada y utilizada masivamente a partir de 1980 para identificar y caracterizar a la población más pobre. Las respuestas registradas permiten el cálculo de un puntaje que estratifica a las familias en quintiles, siendo el primero el más pobre y el quinto el menos pobre. En 1982 instrumento ya era utilizado para seleccionar a los beneficiarios de más de 18 programas sociales (tales como el Programa de Alimentación Escolar, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Subsidio Único Familiar y el Servicio Nacional de Empleo, etc.), y cubría más de 1,4 millones de familias, es decir, a más de 7,5 millones de personas.

-          El “Censo de Población y Vivienda 1982”: entrevista que contenía “un espectro amplio de preguntas”, aplicada a todas las familias del país. Era el insumo a partir del cual se elaboraban el “Mapa de Extrema Pobreza”.

-          “La Información Sectorial de Impacto”: información específica que maneja cada programa social. Esta permitiría “reflejar si la acción emprendida está llegando a la población objetivo” en cuanto recogía características sociodemográficas de esta última tales como peso, talla, escolaridad, morbilidad, cesantía, etc.

Sin embargo, la unión de estos instrumentos aun no lograba dotar al Estado de una fuente de información periódica que permitiese caracterizar de forma detallada al conjunto de la población y mejorar la focalización del gasto social. Al respecto se indica que “la Información C.A.S. no era ni censal ni de una muestra” por lo que no servía para “inferir proporciones de pobreza a nivel comunal, regional o nacional”; el Mapa de la Extrema Pobreza estaba elaborado hace 14 años, por lo que ya estaba obsoleto; el Censo de 1984 no había sido pensado como “instrumento de apoyo para la entrega de subsidios”, y la Información Sectorial de Impacto sólo recopilaba información de quienes asisten a los programas que controlaba el Estado (ODEPLAN, 1984, p. 46).

En base a este diagnóstico es que se plantea la creación de un Sistema de Información Social cuyo objetivo sea “conocer la realidad social de personas, familias y comunas con datos actualizados y confiables, mejorar la asignación del gasto social, tanto en las etapas de planificación como de administración, y conocer la evolución de los efectos de gasto social”. Este sistema estaría dotado de dos instrumentos “La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional” o “Encuesta CASEN”, y la “Encuesta C.A.S.”. La Encuesta CASEN estaba pensada para recoger anualmente la “información socioeconómica de una muestra de todo tipo de familias (aproximadamente 35 mil en total)”. Permitiendo “obtener promedios de datos sociales (vivienda, ocupación, ingresos, educación) para las 33 comunas más importantes, para cada región y a nivel país”, siendo el “instrumento básico para mejorar la planificación del gasto social y para evaluar sus resultados”. La Encuesta C.A.S. “dirigida a las familias más pobres” y conteniendo “un conjunto de preguntas que permiten conocer la realidad socioeconómica de cada una de las familias” constituiría “el instrumento imprescindible para llegar con los subsidios en la calidad, cantidad y combinación adecuada”. El instrumento pretendía mantener “información actualizada de alrededor de un millón de familias, suministrando a los programas sociales los datos que requieren para administrar sus entregas en forma óptima” (ODEPLAN, 1984, p. 48-50).

Tomando en consideración que los contenidos de ambas encuestas, CAS y CASEN, serían “obtenidos de un estudio común, realizado por ODEPLAN”, que ambos comparten “desde la definición de un marco conceptual hasta un análisis estadístico de una muestra nacional de familias”, y que ambas comenzarían a aplicarse simultáneamente a partir de abril de 1985 (ODEPLAN, 1984, p. 49), resulta ilustrativa la imagen de ambos instrumentos como la de hermanos mellizos, hijos del Sistema de Información Social de la segunda mitad de la década del ‘80. Esto quiere decir que si bien los instrumentos de estratificación se utilizaron antes de 1985, no sería hasta esa fecha en que se podría hablar de la confección e implementación de un Sistema de Información Social propiamente tal.

La importancia de estos instrumentos en la construcción de nuestra sociedad, para bien o para mal, han moldeado la forma en que convivimos. En particular los instrumentos para identificar, localizar y seleccionar beneficiarios, los llamados mecanismos de focalización, han impactado de forma importante el quehacer de la ciudadanía, no tan sólo porque abarcaron y siguen abarcando a más de la mitad de la población, estratificándola para definir su potencial acceso a la “red de protección del Estado”, o por la importancia que tuvieron para lograr una “adecuada focalización del gasto social” y así avanzar hacia una “gestión de Estado moderna, racional y eficiente”, sino también por los impactos subjetivos que tiene tanto sobre la “población beneficiaria” como sobre los empleados públicos y prestadores de servicios que trabajan en base a ellos.

En momentos como los actuales, donde vuelve a surgir en los programas de gobierno propuestas y compromisos para modificar los instrumentos de estratificación, es que se vuelve atingente colaborar en la formación de opinión de la población, compartir conocimiento y así contribuir a la conformación de un debate que visibilice la problemáticas de fondo de nuestro modelo de política social. En ese sentido, así como las investigaciones y discusiones que se están llevando en la actualidad al respecto -tanto a nivel técnico como ciudadano- el conocimiento de la historia económica y política y sus contrastes junto con la experiencia de los trabajadores públicos, pueden colaborar a la formación de una opinión más fundamentada, y por ende, de mayor trascendencia a futuro.

Sebastián Valdebenito Pedrero
División de Focalización
Ministerio de Desarrollo Social 

Bibliografía


De Castro, S., Braun, J., Mujica, R., Bardón, A., Mendez, J. C., Villarzú, J., y otros. (1992). "El Ladrillo" Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
Molina, S., Donoso, A., & Llona, A. (1975). Mapa de Extrema Pobreza en Chile. Santiago: I.E.U.C & ODEPLAN.
ODEPLAN. (1978). Informe Social Primer Semestre 1978. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1980). Informe Social 1980. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1982). Informe Social 1981. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1984). Informe Socialm 1983. Santiago: Oficina de Planificación Social, República de Chile.



[1] Se agradece la buena voluntad de Carmen Pantoja, bibliotecaria del Ministerio de Desarrollo Social, quien me facilitó el acceso a la documentación utilizada para elaborar esta nota.
[2] Un ejemplo de ello es el Subsidio al Agua Potable creado en 1989 a partir de la Ley 18.778 o el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 que en su artículo número 6 indica que al menos el 15% de los alumnos de los establecimientos educacionales debe presentar condiciones de vulnerabilidad para que el colegio pueda impetrar el beneficio de la subvención.

POSTULA AL SUBSIDIO DE MATRÍCULA 2014

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS INFORMA
SE ABRE POSTULACIÓN  AL SUBSIDIO DE MATRÍCULA 2014
PLAZO HASTA EL 6 DE JUNIO

La Asociación de Funcionarios informa que se ha abierto la postulación al subsidio no reembolsable para matrícula en carreras técnicas, profesionales o de post grado para  socios y socias de nuestro Ministerio.

Este año hemos querido ampliar los beneficios a hijos/as  de socios/as que se encuentren cursando estudio en la  enseñanza superior técnico o universitaria y que cumplan con el requisito de tener buen rendimiento académico. Para estos efectos, por tratarse de un bono de matricula limitado, que beneficiará sólo a un máximo de dos estudiantes, el Directorio Nacional ha decido establecer un mecanismo de selección que combine el criterio de buenas notas, con el nivel de ingresos del padre o la madre que postula al beneficio.

Para tales efectos, los padres que postulen a sus hijos/as deberán acompañar un certificado de notas del último semestre cursado del hijo/a. Los ingresos serán verificados al interior del área de remuneraciones. 

Según lo acordado por el Directorio Nacional, este año el subsidio se ha reajustado a  $60.000 ( sesenta mil pesos) para socios y socias que "se hayan matriculado en una carrera técnica , profesional de pregrado o de post grado"; y para hijos de socios(as) en los mismos niveles, excepto post grado.

Para optar al subsidio antes indicado el socio(a), deberá presentar en la oficina de ASOFUMI el comprobante de pago de matrícula respectivo y firmar una solicitud de subsidio, la que se encuentra disponible en la oficina de la ASOFUMI. En el caso de regiones, podrán hacer llegar esta documentación correctamente escaneada.

El formulario de postulación estará disponible en nuestra oficina a partir de mañana y en para todos quienes quieran bajarlo desde ese sitio. En regiones, también, solicitarlos a los Dirigentes Regionales. Baja el Formulario aquí:

La postulación estará abierta hasta el viernes 6 de junio de 2014.


Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
MIDEPLAN

lunes, 10 de marzo de 2014

ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DENUNCIA

DESPILFARRO EN RECURSOS PÚBLICOS EN PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE NO FUNCIONA.

A inicios del año 2010 el diagnóstico de la saliente administración respecto de los sistemas y plataformas informáticas desarrolladas por el Ministerio, fue que éstas no reportaban, estaban obsoletas y que en la práctica, operaban como islas de información. En base a este diagnóstico un grupo de “selectos” ingenieros comerciales, tomó la decisión de comprar la plataforma BPM (Business Process Management), un software “atómico” -en palabras del ex Secretario Ejecutivo de Protección Social, Pedro Pubill- que con su implementación permitiría dar cuenta de la implementación del I.E.F, integrando todos los sistemas informáticos del Ministerio en una sola plataforma.

A 3 años del hito histórico de la compra de BPM  por parte de esta administración, el crudo y triste escenario es el siguiente:

El BPM le ha costado al Ministerio de Desarrollo Social y específicamente al Estado de Chile del orden de 820 millones de pesos, los que se desglosan en: compra, mantención, pago de licencias y desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. Esto, sin considerar la cantidad de recursos que se destinaron para la contratación de personal durante estos años, tanto en la División de Promoción y Protección Social como en la Oficina de Informática con sueldos muy por sobre el promedio; lo que agrava aún más la situación evidenciando finalmente, una gestión ineficiente en el uso de los recursos públicos.

Este sistema BMP nunca cumplió su objetivo de integrar cabalmente las distintas plataformas dispuestas por este Ministerio para una serie de ejecutores. Cabe señalar que, a esa fecha, no existían en Chile desarrolladores de esta plataforma que conocieran su arquitectura tecnológica y que pudieran explotarla adecuadamente. Dado lo anterior, una vez concretada la compra del sistema, el Ministerio tuvo que destinar recursos para capacitación en esta tecnología a una serie de profesionales de la Oficina de Informática y de la División de Promoción y Protección Social, lo cual tuvo un costo para el ministerio de varios miles de dólares.

En este punto, cabe preguntarse la responsabilidad que le compete a la Oficina de Informática en cuanto al rol que ha tenido, asesorando técnicamente al Ministerio y autoridades que correspondan, en decisiones tan importantes como la compra de software de esta envergadura. Es preciso señalar, que existen 5 profesionales contratados con cargo al presupuesto del I.E.F que actualmente se desempeñan en el Departamento de Tecnologías de la Información.

En la actualidad, existen aproximadamente 10 sistemas que no cuentan con ninguna vinculación tecnológica entre sí, cada sistema tiene un lenguaje de programación diferente, bases de datos diferentes, por lo cual no existe la integración prometida por esta administración. A nivel operativo, se cuenta con información incompleta y errónea para los distintos procesos que se implementan tanto a nivel central como en regiones. Debido a esta fragmentación de plataformas, todos los procesos se están realizando deforma manual -leyó bien, y en pleno siglo XXI!-, como son las cargas de bases de datos, traspasos de familias de un sistema a otro, validaciones, etc.

Lo anterior, ha significado que la plataforma BPM SSYO genera actualmente una serie de fallas; por citar algunos ejemplos; la información de 5.000 familias del IEF y sus integrantes figuran desaparecidas, existen familias ingresadas que no cuentan con sus transferencias monetarias, familias que por problemas de sistema no han recibido el acompañamiento, entre otros.

Dada esta sucesión de errores y mientras “aprendían” a conocer el sistema que compraron, desde la cúpula a cargo del IEF se tomó la decisión de contratar el diseño de plataformas “transitorias” mientras entraba en operación el BPM. El año 2013 se invirtieron $40 millones en mantención de sistemas transitorios. Para el presente año se han contemplado $30 millones adicionales sólo para un "parche". Sin embargo, a la fecha prácticamente ninguna de ellas se encuentra en operación.

La única plataforma que funciona correctamente es la de Eje transitorio. Una plataforma momentánea que va a cumplir 1 año de uso. No obstante, se siguen gastando recursos de todos los chilenos para el desarrollo de plataformas sobre cuales existen razonables dudas de que se mantengan operativas en el corto plazo. En síntesis, un muy buen negocio para algunas consultoras privadas, pero un pésimo gasto realizado por parte del Estado.

Para el año 2014 en total se contemplan recursos por $300 millones más para seguir “parchando” y desarrollando sistemas transitorios. De hecho, gracias al despilfarro de recursos descrito en los párrafos precedentes, paradojalmente existen plataformas que no cuentan con soporte informático como es el SIGEC, que pese a los cuestionamientos iniciales de esta administración, se ha mantenido operativo y asumiendo cargas de datos de otros programas o sistemas que han mermado su óptimo funcionamiento y desvirtuado su propósito original.

Hoy nos preguntamos:

¿Cómo se está haciendo la gestión de los programas a cargo de la Subsecretaría de Servicios Sociales? ¿Cómo se realiza el monitoreo y seguimiento de éstos, si los sistemas no están operando?

¿En base a qué información se está difundiendo a la ciudadanía y a la opinión pública en general, los logros y resultados “exitosos” de este gobierno?

La incapacidad de quienes participaron del despilfarro de recursos públicos es responsabilidad de los propios actores, pero también de autoridades que no usaron durante estos 4 años criterios mínimos para la selección de sus equipos de confianza y apoyos “profesionales”.


Este nuevo “despropósito” parece dar cuenta no sólo de torpeza e ineptitud, sino además,   de graves irregularidades que estarían afectando el patrimonio institucional y derechos ciudadanos de familias y personas altamente vulnerables.

Esperamos que las nuevas autoridades se hagan cargo de esta denuncia y de otras que ya hemos realizado, así como de las que estamos pronto a realizar.

Demandamos, a lo menos que desde el primer momento de la gestión que se iniciará el 11 de marzo, se efectúen las auditorías internas que correspondan, así como los sumarios internos y denuncias a la Contraloría General de la Republica en el evento se desprendan de tales fiscalizaciones.

Estaremos atentos y vigilantes para contribuir a que iniciativas de control y fiscalización se verifiquen.

Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social

lunes, 30 de diciembre de 2013

LA LARGA RUTA DE LA NUEVA FICHA SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA Y LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LOS MUNICIPIOS.

EL SENTIDO REFUNDACIONAL UNA VEZ MÁS IMPIDIÓ LOS RESULTADOS.


El jueves recién pasado hemos escuchado la declaración del Ministro Bruno Baranda, por distintos medios de información, en la que comunicaba la decisión del Ministerio, y consecuentemente del Gobierno del Presidente Piñera,  de posponer la puesta en marcha de la Nueva Ficha de Protección Social para la próxima administración. Del mismo modo,  ese mismo día, Baranda distribuía a través de los correos institucionales una carta dirigida a los funcionarios/as del Ministerio en la que junto con señalar que el proceso de diseño y preparación de la Nueva Ficha había concluido, luego de un trabajo riguroso y bien hecho, se había tomado la decisión de no implementar el nuevo instrumento de focalización, basado en criterios de responsabilidad y prudencia, considerando que sólo faltaban 60 días para que las nuevas autoridades asumieran y pensando en los ciudadanos que podrían verse sometidos a dos cambios en sus puntajes, en un periodo de tres meses, toda vez que la administración entrante ya había adelantado modificaciones al instrumento en un breve plazo.

Los argumentos sobre los cuales funda su decisión el ministro Baranda, son francamente febles y no sólo poco creíbles para los funcionarios y funcionarias de nuestro Ministerio, sino que resultan una burla para la ciudadanía y los miles de trabajadores y trabajadoras de los municipios de Chile que por casi tres años soportaron el verdadero peso de este proceso. Para fundamentar lo dicho vaya una breve reseña de estos años en la ruta de la nueva ficha social.

Bien dice el Ministro Baranda que, en el contexto de un sistema de protección social altamente focalizado, hacia fines del 2009 había amplio consenso que la ficha de protección social creada el 2006 bajo el gobierno de Bachelet, debía ser perfeccionada, permitiendo ordenar la población objeto de la protección social de manera más justa y con criterios de equidad que el modelo de protección requería.  En ello había un sentido de urgencia que no sólo hablaba de mejorar el instrumento de estratificación, sino que expresaba el origen de una discusión más de fondo que tenía que ver con el enfoque de la protección social y los umbrales que debían ir alcanzando los distintos programas y prestaciones para ir avanzando en la universalización de los derechos.

Durante 4 años la discusión de fondo quedó postergada, y el gobierno de Piñera centró su esfuerzo en el instrumento y no en el modelo, con ello profundizó la focalización e inició en el segundo semestre del 2010, su magra tarea refundacional de la Ficha de Protección Social. Con todo, el llamado Comité de Expertos, levantó un conjunto de propuestas dirigidas a  mejorar o perfeccionar la ficha de protección social, en la perspectiva de un proceso que debía ser gradual, en el que uno de sus principales ejes debía ser la validación administrativa de los datos reportados y el diseño de un modelo de cálculo que diera cuenta de nuevas variables.

Sin embargo, a inicios del 2011, y en la lógica de “en 20 días hemos hecho más que en 20 años”, se comienza a preconfigurar lo que en la actualidad es la División de Focalización del actual Ministerio de Desarrollo Social, con una conducción fuertemente tecnócrata y fundacional como señaláramos, en las que el discurso era desprestigiar lo hecho en función de lo bien que lo haremos. Conocido es por todos los que alguna vez trabajaron al alero de esa División -y que aún trabajan allí- las presentaciones en powerpoint que se utilizaban intramuros para difusión a la comunidad y los municipios, en las que aparecía una ficha de protección social tachada y con la Palabra “Inutilizada”,  o la lámina que equívocamente decía: “Un cambio en 360°, hoy casi una paradoja, porque cambiar en 360° es volver al punto de origen, una vuelta completa sobre el mismo eje. Casi un mal chiste.  

En esa oferta, claramente alejada de la responsabilidad, a la que hoy alude el Ministro, hubo otros actos rituales que rayan en lo patético, como cuando el Ministro Lavín rompía la Ficha de Protección Social ante las cámaras, anunciaba el advenimiento de la nueva ficha como quien anuncia la llegada de un salvador, curioso gesto cargado de la impronta fundacional que ha caracterizado a esta administración.   Pero lo cierto es que a esa fecha -resulta difícil precisarla entre tanto acto fallido- el Ministro en rigor sólo tenía un cuestionario,  que lo que había hecho era aumentar el número de preguntas ya contenidas en la ficha de protección social, incorporando otras tantas, de dudosa validez cultural y semántica. Con un cuestionario imprecisamente incrementado, se salía comunicacionalmente a la opinión pública para mostrar los avances del proceso. Hoy sabemos que muchas de esas preguntas no están incorporadas en el modelo de cálculo, entre otras cosas porque están precariamente formuladas y no tendrán jamás validación administrativa del dato reportado. Bajo una administración “cosista” había que mostrar avances, aunque ello significara poner la carreta delante de los bueyes. Cuando alguien en una de las tantas jornadas que organizara el Ministerio a través de la División de Focalización con sus contrapartes regionales, preguntó por simple sentido común si eso no era un error, nos contaban que “ya estamos trabajando en el modelo de cálculo con un grupo de expertos” y a otra cosa mariposa.

El episodio anterior no es menor dentro del proceso fallido de la nueva Ficha, representa el estilo de trabajo que en un primer momento pareció inclusivo y participativo y que alentó a muchos encargados regionales de la Ficha en las Secretarías Regionales Ministeriales a sentirse parte del problema y la solución. Por ello,  a nadie le extrañó que en la tarea de formar equipos se mantuvieran prácticamente a los mismos responsables que habían cumplido dicha función en la administración Bachelet, intentado dar con esto una señal técnica, por sobre otras consideraciones. Sin ánimo de juzgar las intenciones, cualquiera sabe que en una tarea como la que se decía emprender, el capital social de los encargados regionales era un recurso del que no se podía prescindir, a riesgo de que los actores de primer piso -los municipios-, no se sumaran a la epopeya. La participación en esos espacios, a través fundamentalmente de las jornadas regionales, siempre tuvo un carácter artificioso, la generación de falsos debates, toda cuenta que las decisiones importantes estaban tomadas de antemano por un selecto grupo, nunca se ha sabido en rigor cuántos, así las cosas, las jornadas servían para validar lo ya resuelto.

También se ha querido señalar como característica del trabajo bien hecho, que los municipios se sumaron entusiastas a esta iniciativa. Habría que decir que sin duda existía un fuerte descontento en los departamentos sociales de los municipios con la manera como estratificaba la ficha de protección social, ellos fueron parte importante de las voces que a fines del 2009 ya reclamaban por mejoras en la ficha. Cuando surgen entonces los primeros pilotos del cuestionario, muchos municipios se suman entusiastas,  esperando  bajo el sentido de urgencia al que aludíamos, que las reformas se hagan con prontitud, quien más sensible a la urgencia que quienes deben trabajar día a día conteniendo a una población vulnerable y vulnerada en sus derechos las más de las veces.  

Pero esa urgencia se transformó en sucesivos equívocos, comunicaciones fallidas, cambios de prioridades inconsultos, desorden administrativo, decisiones adoptadas sobre la marcha, programaciones y compromisos incumplidos, criterios de aplicación del nuevo cuestionario definidos bajo la modalidad de ensayo y error, confusión y presión para que encuestaran a cualquier precio, en todo caso a un precio más bajo que el que había tenido el valor de la ficha históricamente como pago a encuestadores.  

Todas esta directrices venían y bajaban del Ministerio, pasaban por las regiones, en las que funcionarios y funcionarias con un alto sentido del trabajo, comprometidos con lo que querían hacer, debían poner el pecho ante los municipios, así como los trabajadores municipales ponían el pecho ante la ciudadanía, luego de a lo menos tres debut fallidos del nuevo instrumento. En lo único que acierta sin duda el Ministro, es en reconocer el trabajo de estos funcionarios de regiones, muchos del nivel central y por cierto de los municipios, que a pesar de los pesares han seguido batallando en esta tarea.   A contramano, lo cierto es que el periplo de esta nueva ficha está plagado de malas decisiones políticas y errores técnicos,  producto de la impericia y la arrogancia de quienes condujeron el proceso, tecnócratas por un lado  y políticos por el otro, que presumiblemente no han pateado calles  y que presumen de haberlo hecho porque alguna vez vivieron esa  experiencia como distinta, algo para contar; la anécdota a la que recurren en su afán por mostrar que conocen algo más que sus escritorios.

Pero lo sustancial no es cuán más o cuán menos conectados con la gente real están los tecnócratas y gerentes que diseñaron e impulsaron el proceso, lo concreto y objetivo es que la oferta inicial que difundía los atributos de la nueva ficha a 2 años y medio de su punto de partida, para ser generosos, ha cumplido parcialmente con los productos y promesas hechas a la ciudadanía.

La plataforma 2.0 que se garantizara,  no está completamente implementada, los puntajes por núcleo y sectoriales que vendrían a mejorar la asignación de subsidios de vivienda y prestaciones de programas sectoriales,  no están disponibles, la validación administrativa de un número significativo de datos reportados en el nuevo cuestionario no es posible, porque muy  probablemente las 33 bases de  datos, que se ufanan en haber reconstruido y construido, son precarias para algunos  segmentos etarios y grupos de población. La lista es larga, como debió ser la transición entre uno y otro instrumento si se hubieran hecho las cosas rigurosamente como dice el Ministro Baranda, porque esa es la lógica de cualquier reforma, un diseño y una puesta en marcha razonablemente breve y una transición,  por cierto algo más larga para ir ajustando en tiempo real los cambios,.

Casi el a, b, c  de la cuestión, el sentido común que faltó. Hoy cuando el año está por terminar, no se encuentra resuelta esa transición con los sectores y los Servicios que hacen uso de la ficha para sus asignaciones, ni operativa, ni normativamente.

Creemos que éstas y tal vez otras más que desconocemos, son las razones técnicas de fondo que llevaron a la decisión de no salir con la nueva Ficha. No obstante, seguimos pensando que la decisión está fundada en una razón política, el miedo a sincerar las cifras, a mostrar cómo se distribuye la población según quintiles bajo los criterios de la nueva ficha.

En las postrimerías de su mandato este gobierno no estaba dispuesto a pagar un nuevo costo: un porcentaje significativo de familias y personas que salen de los primeros quintiles en el marco aún de un modelo de protección altamente focalizado.

He ahí la otra historia de la nueva ficha y las razones no dichas por un Ministro que llegó a hacerse cargo de un Ministerio averiado y a la deriva.
Habría que preguntarse si en esta decisión no hubo además un acuerdo no explicitado entre los que se van y los que llegan.

Pero nosotros seguiremos disponibles para colaborar como siempre estuvimos con el fortalecimiento de nuestro Ministerio,  pero atentos a denunciar lo que otros callan, sobre la base de nuestra libertad para opinar y pensar nuestro quehacer, lo que representa finalmente la esencia de la libertad sindical que a la que no renunciaremos.

Directorio Nacional Asociación de Funcionarios Ministerio Desarrollo Social

domingo, 24 de noviembre de 2013

ASOFUMI SOLICITÓ AL MINISTRO BARANDA GESTIONAR REBAJA DE METAS

A LOS PROGRAMAS "VÍNCULOS" y "CAMINOS"

Solicitud debe ser tramitada ante Comité de Ministros del PMG

Este viernes 22 de noviembre de 2013, la ASOFUMI presentó formal petición al señor Bruno Baranda para que, en virtud de lo establecido en el Reglamento 334 del Ministerio de Hacienda, solicite al Comité Triministerial la rebaja de metas en los Programas "Vínculos" y "Caminos"; ambos representando un 40% del sistema de control de gestión en el PMG.

Pese a todos los esfuerzos desplegados, y por la información que nos otorgan nuestros propios dirigentes, sabemos que dichas metas no podrán ser cumplidas en el 100%. No nos arriesgaremos a que una vez producido el fracaso, recién apostemos a la clemencia del Comité de Ministros para que reconsidere lo que obviamente no iba a ser cumplido. Por lo mismo, comunicamos a todos los afiliados que: 

  1. La solicitud al señor Baranda ha sido remitida también a los señores Ministros de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y del Interior, a la Directora de la DIPRES, a los Presidentes de las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, a la Presidenta de la CUT, al Coordinador Nacional de la Mesa del Sector Público, al Presidente Nacional de la ANEF, a FENAMÍAS, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a la ASEMUCH, entre otras instituciones.
  2. Insistiremos en la solicitud, pero no agotaremos todos los recursos en ello. Nuestra estrategia contempla reuniones con Senadores y Diputados, reclamaciones, requerimientos y, en general, todas las acciones judiciales que correspondan para evitar que los trabajadores reciban una injusta merma en sus remuneraciones.
  3. No volveremos a reunirnos con la Comisión de asesores de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Salvo la información que se nos dio en septiembre respecto a la petición de rebaja a la meta de "Fichas"; nada de lo demás ha sido cierto. La Subsecretaria Luz Granier no ha estado presente en ninguna de las reuniones hasta ahora efectuadas y la señal de tranquilidad a los funcionarios, que solicitamos enviara por escrito, no llegó en más de 2 meses. Este incumplimiento de promesas, nos produce una desconfianza definitiva en las reales gestiones que se efectúan.

La petición a los Ministros que hoy hacemos, responde a una presentación seria, elaborada en base a información estadística con proyecciones reales. Nada nos gustaría menos que hacer esto. Nada nos hubiera gustado más que celebrar, como siempre, el cumplimiento de nuestro PMG. Pero objetivamente, nuestro PMG está en riesgo y la ASOFUMI no puede permitir que el costo del fracaso sea pagado por los trabajadores y menos ser parte responsable de esta pérdida.

La carta enviada al Ministro puede leerse  Aquí


Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios 
Ministerio de Desarrolo Social