miércoles, 14 de septiembre de 2016

DESDE EL ESPACIO SINDICAL.........NACE.....

... UN ELEFANTE SUELTO !!!


La Asamblea Nacional de Dirigentes y el Directorio de la Asociación de Funcionarios del Ministerio dan a luz esta primera publicación que desde el espacio sindical recoge el sentir de su gente, las críticas a la política social y de la inversión pública, los avances y retrocesos en los derechos y deberes funcionarios, como así también, los grandes temas país, entre otros, la ausencia de seguridad social. 

Agradecemos a mucha gente, los colaboradores, equipo gráfico, a quien desde el periodismo revisó contenidos para velar por la libertad de expresión. A todos. 

Te invitamos a leer y difundir este revista, pero principalmente te invitamos a COLABORAR para la próxima edición.
AYUDA A SOLTAR UN ELEFANTE


asofumi@hotmail.com      blogasofumi@gmail.com

viernes, 19 de agosto de 2016

LEA LAS PRESENTACIONES DE UTHOFF Y KREMERMAN: SEMINARIO PENSIONES DIGNAS EN U.DE CHILE

Ayer en la Sala Agustín Siré de la Universidad de Chile se realizó un Seminario de altísimo nivel por "Pensiones Dignas". Con la presencia de los economistas Marco Kremerman de la Fundación Sol; Andras Uthoff que participó en la Comisión Bravo; y Luis Messina de la Coordinadora No Más AFP.

Exposición de Andras Uthoff:       Descargar aquí
Exposición de Marco Kremerman  Descargar aquí

Se trata de expositores de excelente nivel que mantuvo la atención de cientos de dirigentes sindicales del sector público y privado. El Seminario fue organizado por la Coordinadora No Más AFP, los Cabreados de la ANEF, y con el patrocinio de la Fundación Sol, el Centro de Estudios CENDA. Auspiciaron la FECH y varias Asociaciones y Sindicatos. Entre ellas, nuestra Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
La realidad del sistema de ahorro forzoso para los chilenos es deprimente. Pero HAY SALIDA !! Existen propuestas muy estudiadas de ellos y otros, varían corresponden a matices y todas
otorgan una salida para hoy, no para 10 años más.

Salgamos todos a la Marcha por NO MÁS AFP este domingo 21 de agosto, los intereses de los bancos y grandes empresas aseguradoras norteamericanas -dueñas de las 4 AFP más conocidas-, son intereses que han penetrado en la clase dirigente. Y debemos ser concientes e informados para convencer, para tener conciencia de esta realidad.

Se necesita el poder de la polis, tú, yo, él, nosotros, ellos juntos, por un objetivo superior, haremos política el domingo.

SOCIOS Y FAMILIAS  DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ASISTAMOS EL DOMINGO 21
A LA MARCHA POR NO MÁS AFP NI PRIVADAS NI ESTATAL


miércoles, 3 de agosto de 2016

POLÍTICA SOCIAL Y MERCADO

Las implicancias de la externalización de los programas del Estado


La política social de los gobiernos de la Concertación tuvo su origen en el combate a la pobreza. En el de la Nueva Mayoría el objetivo es la lucha contra la desigualdad. La pobreza se delimita por ingresos y para ello se determina una línea de pobreza que se construye a partir de una canasta básica de necesidades. La desigualdad también se identifica mediante ingresos y el objetivo es disminuir entre los distintos segmentos de la sociedad, las brechas de ingresos y otras.

Para combatir la pobreza se identificó a grupos humanos, denominados vulnerables, estos eran las mujeres jefas de hogar, los niños y los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados y los indígenas, como así también las familias que según la línea de pobreza, eran indigentes incorporadas al Programa Puente.

Para combatir la desigualdad se ha identificado a la educación como motor. Se ha expresado en parte con la gratuidad de la educación y en aquellos aspectos asociados a una reforma educacional para que las personas tengan acceso a la herramienta que pueda disminuir la desigualdad, ofreciendo la oportunidad de hacerlo a través de la educación.

Además, se han aplicado otras medidas tales como las de impulsar políticas de género, ámbito que contribuye a generar también desigualdad.

También hay medidas que contribuirán desde un nivel institucional a disminuir la pobreza y la desigualdad, ejemplo de ello es la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, la Reforma al Sistema Electoral y la redacción de una futura Constitución.

Sin embargo, a mi entender, no se han tocado dos ámbitos fundamentales para luchar contra la pobreza y la desigualdad como lo son el sistema de salud y el sistema previsional, a pesar que se haya implementado anteriormente una reforma a este último sistema con la Pensión Básica Solidaria.

La Pensión Básica Solidaria y el Subsidio de Cesantía son dos elementos importantes dentro del  Sistema de Protección Social.

La política social contra la pobreza mantiene la impronta dada por los gobiernos de la Concertación: el acento en los grupos vulnerables y la ideología familística (la mujer como sujeto doméstico). Se hace a partir de identificar a las personas que necesitan ayuda del Estado a través de un Registro Social de Hogares -anteriormente la Ficha de Protección Social- para incorporar a sus integrantes a las distintas transferencias monetarias y programas que  constituyen el Sistema de Protección Social.

Hay que hacer notar que existen otros grupos vulnerables como la gente que vive en la calle, los hijos de personas privadas de libertad,  y las personas que necesitan cuidados especiales.

Si bien las personas que sufrían la pobreza fueron identificadas mediante la focalización, lo que ha permitido disminuirla; la medición a través de un nuevo método como el de la Pobreza Multidimensional, ha permitido constatar que los pobres por ingreso aumentan y la desigualdad se hace patente  en las distintas dimensiones. Las brechas de desigualdad se hacen ahora más evidentes con la nueva forma de medir la pobreza.

Por otra parte, la implementación de la oferta programática para favorecer a las personas pobres, vale decir, las distintas intervenciones desde el Estado para superar el problema de la pobreza tiene a juicio de este autor un problema que disminuye la efectividad de la intervención: es la externalización del Estado.

La deficiencia que genera la externalización de los programas sociales se produce porque para llegar a la población objetivo se implementan varios mecanismos de mercado. La fase operativa funciona con fondos concursables a los cuales postulan ejecutores privados. Si bien los ejecutores cumplen con la gestión que determinan en las bases del concurso, no se sabe si la gestión es suficiente o no para producir cambios en las personas intervenidas, es decir, si la acción ejecutada tiene o no impacto.
Por ejemplo, como se señala en la página web del Ministerio de Desarrollo Social:

“Ya se puede postular al Fondo Chile de Todas y Todos
En este tercer lanzamiento se destinarán $1.100 millones entre las organizaciones sociales que participen. El proceso de postulación se abrió el martes 19 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de mayo.”




El concurso para acceder a los fondos se estructura en torno a bases que determinan un deber ser de la intervención, a un imaginario a alcanzar. Para ello, en la mayoría de las oportunidades las bases técnicas solicitan requisitos de experiencia en el ámbito de las políticas y programas sociales, experiencias que no reflejan necesariamente impacto en las personas que anteriormente se han intervenido. Estas experiencias reflejan gestión, lo que se ha hecho; pero nada se sabe de sus resultados y menos de su impacto.

En otros casos, los recursos para intervenir se transfieren directamente a los ejecutores -Municipalidades- a través de un convenio que nuevamente está estructurado en torno a la gestión y no en la intervención social hacia los beneficiarios. En ambos casos se hace hincapié en la utilización contable de los recursos  o gestión, pero no en la metodología de la intervención.

Desde hace algunos años y hasta hoy ha migrado a Chile importante número de latinoamericanos.  Parte de esta migración necesita de asistencia social, en consecuencia necesitará ser incorporada  al Sistema de Protección Social. Hasta el momento, han sido incorporados a los servicios universales de salud y educación.

La asistencia que el Sistema de Protección Social otorga a las personas de menores recursos se ejecuta  como hemos escrito, a través de mecanismos de mercado, con una gran profusión de intermediarios privados que ejercen la función pública.

A futuro la asistencia deberá ser transformada en derechos para las personas y debe ser de carácter universal a través de servicios estatales: para ello la implementación del Registro Social de Hogares (RSH) es buen instrumento para otorgar beneficios previa calificación de las personas. La universalidad se basa en derechos, a diferencia de la focalización que se basa en carencias.

Los instrumentos mercantiles utilizados hasta hoy, por ejemplo los subsidios por niño atendido que utilizan las instituciones colaboradoras del SENAME no han dado los resultados esperados. Gran parte de la población penitenciaria ha pasado anteriormente por recintos del SENAME. Agregando a ello la gran reestructuración que requiere ese Servicio para brindar atención de calidad a los beneficiarios atendidos, sea por las instituciones colaboradoras o los de administración directa.

Los instrumentos mercantiles han incidido en que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se ocupen de la gestión monetaria de la oferta programática ejecutada por terceros y no de la intervención social que se da en cada programa. Esta forma de administrar los recursos no corresponde a una intervención social que metodológicamente sea eficaz, sino que la exigencia de la verificación del gasto se constituye en centro del quehacer.
Si bien el manejo de los recursos es importante, la calidad de la intervención lo es más, dado que de ella depende que las personas tengan elementos para superar su condición de pobres.

La nueva forma de medir la pobreza nos señala dimensiones deficitarias de la vida cotidiana de las personas, es decir derechos sociales que no se cumplen; en consecuencia, la intervención social a realizar se encuentra en estas dimensiones que requieren formular una nueva oferta programática para que se cumplan los derechos de las personas. Y esto no puede ser de forma concursable. El Estado debe crear mecanismos institucionales ad hoc para cumplir con los derechos de las personas que no están en las instituciones pertinentes. Y en la medida que éstos se cumplan, disminuirá la desigualdad en los distintos ámbitos.

Pedro Vega Morales
Director Regional Metropolitano
Directorio Nacional Asociación Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social

lunes, 26 de octubre de 2015

SEMINARIO "NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO"

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS LES INVITA A INSCRIBIRSE: www.fundacionsol.cl


Este jueves 29 de octubre, desde las 09.00 horas, la Fundación Sol llevará a efecto este Seminario que se realiza justamente cuando se desarrolla una de las huelgas más largas que se hayan conocido en el sector público durante el último tiempo: la del Registro Civil.


Es el momento propicio para conocer las posiciones que tienen prestigiosos juristas del ámbito laboral respecto a la negociación colectiva y el derecho a huelga en el sector público; proceso que los funcionarios y principalmente sus dirigentes, debemos estudiar con detención.

Les invitamos a inscribirse y participar de esta jornada académica - sindical, principalmente la convocatoria la hacemos a los dirigentes de las Asociaciones de Funcionarios, en primer lugar a nuestros dirigentes que puedan asistir. 
 
Directorio Nacional ASOFUMI 

lunes, 19 de octubre de 2015

A LOS PARLAMENTARIOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS

Asociación Nacional Funcionarios Ministerio de Desarrollo Social: Les solicita reconsiderar favorablemente asignación Programa Eje de la Ley Ingreso Ético Familiar



De nuestra mayor consideración:
Quisiéramos apelar a su compromiso con los trabajadores, con frecuencia afectados por decisiones políticas y/o técnicas que no dimensionan la complejidad cotidiana y humana que subyace en una fuente laboral.
Respetuosamente le solicitamos vuestra intervención para reponer en el  presupuesto del Misterio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales la asignación 24-03-345 que este año dispone de poco más de 8.231 millones de pesos  en el Programa EJE que forma parte del INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE CHILESOLIDARIO.
ARGUMENTACIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL
Hoy, y sobre la base del presupuesto 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, ingresado al Parlamento, a lo menos 200 trabajadores y trabajadoras a honorarios perderán sus fuentes laborales, producto que la actual asignación presupuestaria 24-03-345 correspondiente a la Partida 21-01-05, relativa al Programa Eje Ley Nº20.595, consigna  $0 (CERO PESOS) en el presupuesto para el año 2016. Se trata de profesionales, técnicos, administrativos y personal auxiliar, que vienen sosteniendo y desarrollando tareas permanentes a lo largo de todos Chile en beneficio de más de 36.500 beneficiarios usuarios mil familias intervenidas durante 24 meses el año anterior, vigente y siguiente, todas en situación de pobreza y/o vulnerables; de ellos 22 mil beneficiarios  del Programa Vínculos programas -adultos mayores vulnerables-, 6.6600 del programa Calle  -personas en situación de calle-,  y otros 7.500 del Programa Abriendo Caminos, niños y sus familias de personas privadas de libertad.
Esta decisión sobre nuestro presupuesto no sólo provocaría un impacto sin precedentes en este Ministerio sobre los derechos laborales de los trabajadores, también afectaría el normal desarrollo de los mencionados programas que se financian con dicho presupuesto. Son estos trabajadores quienes en este último trimestre del año trabajan intensamente estableciendo los primeros contactos con las personas sujetas a intervención para el año 2016.  Estos contactos iniciales, hechos sobres las coberturas comprometidas para el próximo, corren un severo riesgo de incumplimiento de metas, considerando el nivel de avance a la fecha y el legítimo impacto y desmotivación que causa en cualquier trabajador el hecho de ver en riesgo su fuente laboral, habida cuenta que si en el evento se les comunica el término de la relación contractual al 31 de diciembre, como ocurriría de no reponerse la partida presupuestaria en cuestión, les asiste todo el derecho a tomar sus vacaciones pendientes,  lo que reduciría significativamente el tiempo para cumplir con las coberturas comprometidas. 
Las consecuencias, podrían proyectarse en el horizonte de intervención, afectando a los grupos vulnerables de los que hemos hablado; en la asignación de determinadas prestaciones monetarias a las que pueden acceder siempre y cuando estén incorporados a los referidos programas. Finalmente, esta cadena de efectos puede impactar en los indicadores de gestión de nuestro ministerio para el año 2016, considerando que la meta Vínculos es partes del PMG institucional.
ARGUMENTACIÓN SOBRE EL IMPACTO LABORAL
Trabajar es un derecho y por cierto no un privilegio; en lo formal el Estado de Chile ha reconocido este derecho, garantizado desde hace mucho tiempo como un derecho humano por tratados internacionales y por acuerdos que en lo sucesivo han ido dotando de contenido este derecho fundamental, entre ellos el Programa de Empleo Decente que promueve derechos en el trabajo, igualdad de oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Pese a estos avances y muchos otros que reconocemos ha promovido el Estado bajo el impulso de las organizaciones de trabajadores, continúa pendiente entre otras deudas con los trabajadores del sector público, el término de la precarización contractual de miles de trabajadores que cumplen funciones permanentes y necesarias en la administración del Estado, no obstante son contratados bajo la figurar de Honorarios, como si se tratara de trabajadores que desarrollan labores accidentales y no habituales.
Esta suerte de engaño que el propio Estado realiza a contramano de los acuerdos internacionales y los compromisos suscritos, ha venido siendo develado por los tribunales del país, poniendo, aún caso a caso, una cuota de justicia en medio de tanta inequidad. Así mismo, se han dado pasos en tal dirección, a través del anuncio Presidencial de incorporar a la contrata, en u horizonte de 3 años a un número cercano a los 8.800 trabajadores, iniciativa que celebramos pero que aún resulta insuficiente dado la magnitud del problema.
Lo que señalamos es parte de un diagnóstico de larga data que funda una reivindicación que los sindicatos públicos hemos venido levantando con mayor fuerza en el último tiempo y que sin duda no es desconocido para usted. También, permite poner en contexto la solicitud que nos convoca y que provoca esta misiva; su urgencia y relevancia.
Estos trabajadores constituyen por sobre el 40% de la dotación a honorarios de nuestro Ministerio y mas allá de las cifras,  en definitiva representan personas con historias, familias y sueños, que han sido sorprendidos por esta eventual amenaza de despido, si en efecto no se logra revertir la situación y son repuestos los 8.231 millones que fueron borrados del presupuesto.  ¿Bajo qué racionalidad técnica, económica o política se tomó esta decisión? Lo desconocemos, puesto que a pesar de mantener diálogo permanente  con nuestras autoridades centrales,  en ningún momento siquiera se  nos adelantó un escenario de tales características, cuestión que además nos hace poner en duda la calidad y transparencia del diálogo que creíamos sostener.
LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR NUESTRO MINISTERIO
Estimado Parlamentario, esta Asociación de Funcionarios procura en todo evento actuar con responsabilidad y equilibrio, sin embargo nuestro rol, entre otros, es advertir y denunciar situaciones respecto de las cuales puedan afectarse  derechos de trabajadores, incluso si tales trabajadores  no están asociados a nuestra organización. Así también, nos preocupa que las políticas públicas que estamos llamados a implementar se ejecuten resguardando la calidad de la intervención y su impacto en las familias y personas más vulnerables.
Nosotros en su momento fuimos muy críticos de la ley Nº20.595 “CREA EL INGRESO ÉTICO FAMILIAR QUE ESTABLECE BONOS Y TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA LAS FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA Y CREA SUBSIDIO AL EMPLEO DE LA MUJER”, la que contiene en la actualidad al programa EJE;  de su enfoque y de la manera como se ha implementado. Nuestra crítica ha sido reflexiva y propositiva, hemos estado disponibles para junto a nuestras autoridades abordar éstas y otras reformas que hoy requiere nuestro Ministerio, algunas de las cuales probablemente pueden impactar sobre su dotación, funciones y su orgánica; no obstante, creemos que un proceso  de esas características requiere de una amplia y participativa discusión y de tiempos acordes con ese debate.
Nos opusimos como organización gremial a esta ley, sus componentes, aquello está reflejado tanto en la asistencia a la Comisión de Pobreza de la Cámara y en  distintos documentos que difundimos en su oportunidad. Sin embargo el costo de las decisiones que consideramos erradas, no lo pueden pagar ahora sin más, los trabajadores, como ha venido ocurriendo con frecuencia.
Cualquier reforma de la ley y sus programas debe hacerse en el marco de un debate amplio en el cual los trabajadores tengamos un espacio incidente; si el producto de ese debate indica finalmente que las adecuaciones que deban realizarse a la ley en cuestión,  tienen, entre otras cosas, impacto en la dotación de trabajadores adscritos a ella, habrá sido luego de un proceso que entre otras cosas permitiría a quienes trabajan bajo su alero prever  y reformular sus proyectos laborales en plazo y bajo argumentos conocidos por todos, pero resulta inaceptable que  hoy nos encontremos en esta situación, producto de una discusión presupuestaria con DIPRES que desconocemos y  bajo el inminente despido o término  de contrato de más de 200 trabajadores y trabajadores públicos en esta cartera.
Reiteramos, que por las razones anteriores, respetuosamente le solicitamos vuestra intervención para reponer en el  presupuesto del Misterio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales la asignación 24-03-345 que este año tiene poco más de 8.231 millones de pesos  en el Programa INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE CHILESOLIDARIO.
Sin otro particular, les saludan,
DELIA ARNERIC ALVAREZ
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO NACIONAL 
Asociación de Funcionarios Ministerio Desarrollo Social

jueves, 20 de noviembre de 2014

LA PRIMERA MOVILIZACIÓN MESA SECTOR PÚBLICO EN VALPARAÍSO

DESDE LA INTENDENCIA REGIONAL AL CONGRESO NACIONAL MARCHÓ LA ASOFUMI. 

Marchamos en un día muy caluroso para lo acostumbrado en Valparaíso, Íbamos junto a cientos de profesores, funcionarios de la salud y dirigentes de las Asociaciones del Sector Público. 

Desde la Intendencia Regional con un lienzo plastificado muy bien hecho, que nuestro Secretario Regional, Gustavo Avila confeccionó para esta oportunidad. Fuimos con nuestra Presidenta Regional, Marcela Gálvez y la Presidenta Nacional, Delia Arneric.

Ya en el Parque Italia ó Plaza del Pueblo la columna estuvo impedida de continuar al Congreso. Sin embargo, la fuerza de la razón y el hecho que vivimos en democracia, determinó que evitáramos las vallas que la fuerza pública había instalado y continuáramos hacia la sede del Poder Legislativo.

Ya una vez en el frontis de la Casa de Diputados y Senadores que discutirán el reajuste del Sector Público, los manifestantes nos acercamos directamente a su principal puerta de fierro, para instalarnos allí a gritar y cantar. Pacíficamente.

Sin embargo, en escasos minutos el tan bien ponderado "guanaco" se acercó fugazmente para "refrescarnos", claro, un poco más de la cuenta. Valió la pena, el calor de la razón y del sol, requerían un poco de agua, ¡¡era agua!!

Nuestro lienzo salió lesionado por el agua, fue nuestro techo y la potencia del agua lo rajó en varias partes. NO IMPORTA, HABRÁN NUEVOS LIENZOS !!

Por la Calle Condell aún sin tanto calor


Secretario Regional. ya frente a las puertas del Congreso Nacional
Junto a la Salud y Profes gritando

ASOFUMI REGIONAL Y NACIONAL: En las puertas de la democracia binominal
LA PRUEBA DE NUESTRA PRESENCIA EN EL TECHO DEL CONGRESO
Y BUENO, FALTABA EL REFRESCO.......................................VENDRÁN OTROS



video


INVITAMOS A TODOS/AS NUESTROS/AS DIRIGENTES A REMITIR SUS REGISTROS Y ESPECIALMENTE A SUMAR Y SUMAR A LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES.


MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE, 2014



lunes, 17 de noviembre de 2014

INSTRUCCIONES MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE RENOVACIÓN CONTRATOS

CIRCULAR Nº35 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL MINISTRO ALBERTO ARENAS

RESPECTO A LAS NO RENOVACIONES DE CONTRATO PARA EL 2015:

1. LIMITADAS SÓLO A CASOS DEBIDAMENTE FUNDADOS, ACREDITABLES Y OBJETIVOS.
2. CRITERIOS: EVALUACIÓN DESEMPEÑO, Ó NO CONTINUIDAD DE PROGRAMAS.
3. RECONSIDERACIÓN CUANDO NO SE PONDERARON CIRCUNSTANCIAS O SE DISPONE DE NUEVOS ANTECEDENTES. SE REALIZARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.  

REVISA LA CIRCULAR: 


FAVOR CONSIDEREN ESTA CIRCULAR PARA EXIGIR LOS DERECHOS QUE LES ASISTEN.

DIRECTORIO NACIONAL
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

viernes, 22 de agosto de 2014

ESCALONA EN EL PRIMER CAFÉ DE RADIO COOPERATIVA

Califica de "lastre" a los analistas de inversión: Pedimos a nuestras autoridades acabar con el silencio


Santiago, 22 de agosto de 2014

Durante el día de ayer el ex Senador Camilo Escalona en la conocida emisión de radio Cooperativa junto a otros panelistas que abordaban el tema de "El crecimiento ante la Reforma Tributaria", se refirió en siguientes términos a quienes trabajan en este Ministerio en el análisis de las iniciativas de inversión:

 “…queremos salir de esta situación de desaceleración, por el bien de Chile. Espero que el Ejecutivo sea agresivo en la inversión. Que muchos funcionarios ojalá no frenen, por ejemplo los famosos que calculan la rentabilidad social de los proyectos habitualmente SON UN LASTRE. Todos quienes alguna vez hemos estado vinculados de manera directa o indirecta en las tareas de gobierno sabemos que se frena la inversión por fallas burocráticas………

Hemos reaccionado de inmediato por las redes sociales para defender a nuestros/as colegas de Arica a Punta Arenas y rechazando no sólo las palabras sino el fondo de las expresiones de Escalona; que por lo demás, no habla a título personal, dado su calidad de Presidente de un Instituto de Estudios.

Es el momento de terminar con este largo proceso de destrucción del Sistema Nacional de Inversiones, de explicar a estas personas que generan opinión pública -autoridades incluidas-, que este país con el análisis de la inversión pública efectuado por un equipo de casi 150 profesionales, ha sido posible materializar colegios, caminos, postas, centros culturales, alumbrado público, sistemas de agua potable rural, embalses,  miles de millones de pesos invertidos con crecientes grados de certeza técnica y económica. Y decimos económica no sólo porque sean rentables, incluso muchas obras no lo son, pero satisfacen problemas de la comunidad y no constituyen meros deseos.


Es triste que gente con tanta influencia en el devenir del país, tenga falencias tan profundas en la comprensión de los procesos que sustentan la seriedad con que se enfrenta el uso de los recursos públicos. No queda claro si realmente hay contenido detrás de sus afirmaciones o sólo busca acaparar medios con esta “farándula política”.
           
          Esperamos y exigimos una respuesta contundente por parte de nuestras 
          autoridades, es momento de romper el silencio mediático que tanto se nos 
          critica.

          PD. El video con Escalona, a los 6 minutos con 30 segundos.



Directorio Nacional 
Asociación de Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social


viernes, 23 de mayo de 2014

Ficha CAS y Encuesta CASEN: Hijas primogénitas del Sistema de Información Social

Los orígenes de las Encuestas C.A.S. y CASEN (1973-1985) (Parte 1)

Hace unas semanas descubrí en la biblioteca de Ministerio de Desarrollo Social una serie de documentos que, a mi parecer, ilustran de manera explícita la forma en que el ‘principio racionalizador’ guío la política social durante el periodo de dictadura[1]. Los documentos titulados “Informes de Política Social” del periodo 1976-1989 son particularmente interesantes por tres motivos: 1) visibilizan los principios políticos y supuestos económicos bajo los cuales se reformuló la labor Estatal, 2) ilustran la importancia que tuvieron los técnicos e intelectuales que colaboraron con la Dictadura en dotar de un una visión económica y social al gobierno autoritario, y 3) describen la génesis de los instrumentos constitutivos del Sistema de Información Social actual.

La presente nota pretende realizar una revisión histórica de los principales instrumentos que utilizó la Dictadura para diseñar, aplicar y evaluar su ‘política social’, en particular aquellos creados bajo la dirección de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) durante el periodo 1973-1985. El objetivo no es ahondar en el principio focalizador que guió la política social ni en el marco institucional subsidiario que la condicionó, tampoco en el rol político que jugaron los ‘especialistas en política social’ de la Dictadura. Lo que se busca es identificar los mecanismos propios de la política social creados y utilizados desde mitad de los ‘70 hasta fines de los ‘80, y enunciar los argumentos que fueron utilizados para justificar su creación.

La génesis del Sistema de Información Social se plasma en la creación de sus mecanismos, a saber, el Mapa de Extrema Pobreza (1974), los Comités de Asistencia Social y la “Ficha C.A.S.” (1977) y la encuesta de “Caracterización Socioeconómica Nacional” o “CASEN” (1985). Las ideas que dieron origen a la creación de estos instrumentos pueden encontrarse en “El Ladrillo”, documento creado para inspirar el programa de gobierno de Jorge Alessandri, rechazado por este último en 1970 por la radicalidad de sus planteamientos, y aplicado por la Junta de Gobierno a partir de 1973 (De Castro y otros, 1992, p. 8-9). En dicho documento se indica que la política social utilizada hasta esa fecha, basada en control de precios y ajustes de salarios, eran ineficiente pues generaba distorsión de precios, presiones inflacionarias y mercados negros, y no beneficiaba a los sectores más desfavorecidos (De Castro y otros, 1992, p. 137-138).

Los ideólogos de la Dictadura proponían una política social redistributiva que tuviera como objetivo principal la erradicación de la pobreza extrema mediante el crecimiento económico (similar a la idea del “chorreo”) y la inversión en capital social. De acuerdo a ellos, el sistema más eficiente para redistribuir el ingreso a favor de los más pobres era el de otorgar subsidios directos por parte del Estado. Bajo el escenario de que sólo debían ser susceptibles de ‘beneficios sociales’ aquellos individuos carentes de recursos, los autores declaraban que el principal problema que se presentaba era el “de la identificación de los beneficiarios”, indicando que la mejor forma era “lisa y llanamente conceder el beneficio a quienes postulen declarando cumplir los requisitos mínimos”. Al respecto resaltaban que habría “un cierto nivel de engaño” pero que era preferible sufrirlo si con ello se garantizaba que los realmente pobres alcanzarán un nivel de vida con un mínimo de dignidad. Para remediar una posible filtración de beneficios hacia sectores no extremadamente pobres los autores proponían generar un “empadronamiento exacto de cada beneficiario con sus datos”, e “investigar aleatoria y periódicamente a un cierto número de beneficiarios a través de visitadoras sociales, de personal especializado de Carabineros, etc.”, especificando que “la sanción por el engaño comprobado tendría que ser ejemplarizadora y aplicarse efectivamente y con publicidad” (De Castro y otros, 1992, p. 142-143).

En 1975 “al constatar que las investigaciones sobre distribución de ingreso y marginalidad llevaban a la conclusión de que las políticas tradicionales aplicadas con el objeto de mejorar la condición económica y social de los más pobres habían resultado ineficaz”, miembros del Instituto de Economía de la Universidad Católica coordinados por Miguel Kast (ODEPLAN) crearon el “Mapa de Extrema Pobreza”. El objetivo era “identificar geográficamente al grupo de extrema pobreza, tener una descripción más detallada de sus características socio demográficas, educacionales y de empleo” (Molina, Donoso, & Llona, 1975, pág. 1). Este estudio si bien habría sido útil para la formulación, implementación y evaluación de las políticas sociales posteriores, no permitió la identificación individual del potencial beneficiario lo que habría limitado la eficiencia en la acción social desarrollada por el Estado. Al respecto el informe de ODEPLAN (1978, p. 13) indica que “la falta de mecanismos homogéneos de selección de los beneficiarios” y “la desmesurada centralización y burocratismo de los organismos estatales” atentaban contra la eficiencia en el uso de los recursos destinados a lograr mayores niveles de bienestar social.

En base al anterior diagnóstico fue que el grupo de expertos de ODEPLAN propuso la creación de los “Comités de Asistencia Social”. La responsabilidad de estos organismos dependientes de los Municipios radicaba en “coordinar los esfuerzos y la información disponible en los diversos organismos públicos y privados de carácter social, con el fin de confeccionar listados de las personas más necesitadas de la comuna según su grado de pobreza”. A estos Comités les tocaría gestionar los “bonos de atención” entregados por el Gobierno, que permitirían a sus beneficiarios acceder a los programas desarrollados por las instituciones públicas para asistir a los sectores de extrema pobreza. Por su parte, la cantidad de bonos que recibiría cada comuna estarían determinados a partir de los resultados del “Mapa de Extrema Pobreza” (ODEPLAN, 1978, p. 7-9). Uno de los programas que utilizó el mecanismo ejecutado por los Comités fue la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Al respecto se indica que la selección de beneficiarios con acceso a los establecimientos JUNJI se hizo desde 1980 en base a “los criterios de identificación aplicados por los Comités Comunales de Asistencia Social”, garantizando que este beneficio llegase “efectivamente a aquellos niños que más lo necesitan” (ODEPLAN, 1980, p. 7).

Si bien se podría entender que los sistemas de identificación eran instrumentales para una ‘correcta’ entrega de bonos que facultaran el acceso excepcionalmente a beneficios sociales entregados por el Estado, la conjunción de tres características: 1) el rol subsidiario asumido por el Estado, 2) que los subsidios debían beneficiar exclusivamente a aquellas personas que no tenían suficientes recursos para acceder a los bienes considerados elementales, y 3) que los factores de producción debían ser remunerados de acuerdo a su productividad, llevó a que la política social fuera “paulatinamente orientando a variados subsidios que otorga el Estado como apoyo financiero y normador de las acciones ejecutadas por privados” (ODEPLAN, 1982, p. 1-5)[2].

La intención de la autoridad por avanzar en la creación de un mecanismos eficiente para focalizar el gasto el gasto social se hace explicita en el Informe de Política Social del año 1983. En su capítulo “El Sistema de Información Social” se indica que “el objetivo de este sistema es proveer de la información que se requiere para racionalizar el gasto social, es decir, para conseguir que llegue en la cantidad y calidad adecuada a donde y a quien más lo necesite” (ODEPLAN, 1984, p. 43). Para ello el Estado ya contaba con cuatro fuentes de información:

-     El “Mapa de Extrema Pobreza”: estudio desarrollado a partir de una muestra del 5% del censo 1970 que lograba identificar, localizar y dimensionar los niveles de carencias del conjunto de áreas geográficas del país.
-     
     La “Información C.A.S.”: entrevista aplicada y utilizada masivamente a partir de 1980 para identificar y caracterizar a la población más pobre. Las respuestas registradas permiten el cálculo de un puntaje que estratifica a las familias en quintiles, siendo el primero el más pobre y el quinto el menos pobre. En 1982 instrumento ya era utilizado para seleccionar a los beneficiarios de más de 18 programas sociales (tales como el Programa de Alimentación Escolar, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Subsidio Único Familiar y el Servicio Nacional de Empleo, etc.), y cubría más de 1,4 millones de familias, es decir, a más de 7,5 millones de personas.

-          El “Censo de Población y Vivienda 1982”: entrevista que contenía “un espectro amplio de preguntas”, aplicada a todas las familias del país. Era el insumo a partir del cual se elaboraban el “Mapa de Extrema Pobreza”.

-          “La Información Sectorial de Impacto”: información específica que maneja cada programa social. Esta permitiría “reflejar si la acción emprendida está llegando a la población objetivo” en cuanto recogía características sociodemográficas de esta última tales como peso, talla, escolaridad, morbilidad, cesantía, etc.

Sin embargo, la unión de estos instrumentos aun no lograba dotar al Estado de una fuente de información periódica que permitiese caracterizar de forma detallada al conjunto de la población y mejorar la focalización del gasto social. Al respecto se indica que “la Información C.A.S. no era ni censal ni de una muestra” por lo que no servía para “inferir proporciones de pobreza a nivel comunal, regional o nacional”; el Mapa de la Extrema Pobreza estaba elaborado hace 14 años, por lo que ya estaba obsoleto; el Censo de 1984 no había sido pensado como “instrumento de apoyo para la entrega de subsidios”, y la Información Sectorial de Impacto sólo recopilaba información de quienes asisten a los programas que controlaba el Estado (ODEPLAN, 1984, p. 46).

En base a este diagnóstico es que se plantea la creación de un Sistema de Información Social cuyo objetivo sea “conocer la realidad social de personas, familias y comunas con datos actualizados y confiables, mejorar la asignación del gasto social, tanto en las etapas de planificación como de administración, y conocer la evolución de los efectos de gasto social”. Este sistema estaría dotado de dos instrumentos “La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional” o “Encuesta CASEN”, y la “Encuesta C.A.S.”. La Encuesta CASEN estaba pensada para recoger anualmente la “información socioeconómica de una muestra de todo tipo de familias (aproximadamente 35 mil en total)”. Permitiendo “obtener promedios de datos sociales (vivienda, ocupación, ingresos, educación) para las 33 comunas más importantes, para cada región y a nivel país”, siendo el “instrumento básico para mejorar la planificación del gasto social y para evaluar sus resultados”. La Encuesta C.A.S. “dirigida a las familias más pobres” y conteniendo “un conjunto de preguntas que permiten conocer la realidad socioeconómica de cada una de las familias” constituiría “el instrumento imprescindible para llegar con los subsidios en la calidad, cantidad y combinación adecuada”. El instrumento pretendía mantener “información actualizada de alrededor de un millón de familias, suministrando a los programas sociales los datos que requieren para administrar sus entregas en forma óptima” (ODEPLAN, 1984, p. 48-50).

Tomando en consideración que los contenidos de ambas encuestas, CAS y CASEN, serían “obtenidos de un estudio común, realizado por ODEPLAN”, que ambos comparten “desde la definición de un marco conceptual hasta un análisis estadístico de una muestra nacional de familias”, y que ambas comenzarían a aplicarse simultáneamente a partir de abril de 1985 (ODEPLAN, 1984, p. 49), resulta ilustrativa la imagen de ambos instrumentos como la de hermanos mellizos, hijos del Sistema de Información Social de la segunda mitad de la década del ‘80. Esto quiere decir que si bien los instrumentos de estratificación se utilizaron antes de 1985, no sería hasta esa fecha en que se podría hablar de la confección e implementación de un Sistema de Información Social propiamente tal.

La importancia de estos instrumentos en la construcción de nuestra sociedad, para bien o para mal, han moldeado la forma en que convivimos. En particular los instrumentos para identificar, localizar y seleccionar beneficiarios, los llamados mecanismos de focalización, han impactado de forma importante el quehacer de la ciudadanía, no tan sólo porque abarcaron y siguen abarcando a más de la mitad de la población, estratificándola para definir su potencial acceso a la “red de protección del Estado”, o por la importancia que tuvieron para lograr una “adecuada focalización del gasto social” y así avanzar hacia una “gestión de Estado moderna, racional y eficiente”, sino también por los impactos subjetivos que tiene tanto sobre la “población beneficiaria” como sobre los empleados públicos y prestadores de servicios que trabajan en base a ellos.

En momentos como los actuales, donde vuelve a surgir en los programas de gobierno propuestas y compromisos para modificar los instrumentos de estratificación, es que se vuelve atingente colaborar en la formación de opinión de la población, compartir conocimiento y así contribuir a la conformación de un debate que visibilice la problemáticas de fondo de nuestro modelo de política social. En ese sentido, así como las investigaciones y discusiones que se están llevando en la actualidad al respecto -tanto a nivel técnico como ciudadano- el conocimiento de la historia económica y política y sus contrastes junto con la experiencia de los trabajadores públicos, pueden colaborar a la formación de una opinión más fundamentada, y por ende, de mayor trascendencia a futuro.

Sebastián Valdebenito Pedrero
División de Focalización
Ministerio de Desarrollo Social 

Bibliografía


De Castro, S., Braun, J., Mujica, R., Bardón, A., Mendez, J. C., Villarzú, J., y otros. (1992). "El Ladrillo" Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
Molina, S., Donoso, A., & Llona, A. (1975). Mapa de Extrema Pobreza en Chile. Santiago: I.E.U.C & ODEPLAN.
ODEPLAN. (1978). Informe Social Primer Semestre 1978. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1980). Informe Social 1980. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1982). Informe Social 1981. Santiago: Oficina de Planificación, República de Chile.
ODEPLAN. (1984). Informe Socialm 1983. Santiago: Oficina de Planificación Social, República de Chile.



[1] Se agradece la buena voluntad de Carmen Pantoja, bibliotecaria del Ministerio de Desarrollo Social, quien me facilitó el acceso a la documentación utilizada para elaborar esta nota.
[2] Un ejemplo de ello es el Subsidio al Agua Potable creado en 1989 a partir de la Ley 18.778 o el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 que en su artículo número 6 indica que al menos el 15% de los alumnos de los establecimientos educacionales debe presentar condiciones de vulnerabilidad para que el colegio pueda impetrar el beneficio de la subvención.

POSTULA AL SUBSIDIO DE MATRÍCULA 2014

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS INFORMA
SE ABRE POSTULACIÓN  AL SUBSIDIO DE MATRÍCULA 2014
PLAZO HASTA EL 6 DE JUNIO

La Asociación de Funcionarios informa que se ha abierto la postulación al subsidio no reembolsable para matrícula en carreras técnicas, profesionales o de post grado para  socios y socias de nuestro Ministerio.

Este año hemos querido ampliar los beneficios a hijos/as  de socios/as que se encuentren cursando estudio en la  enseñanza superior técnico o universitaria y que cumplan con el requisito de tener buen rendimiento académico. Para estos efectos, por tratarse de un bono de matricula limitado, que beneficiará sólo a un máximo de dos estudiantes, el Directorio Nacional ha decido establecer un mecanismo de selección que combine el criterio de buenas notas, con el nivel de ingresos del padre o la madre que postula al beneficio.

Para tales efectos, los padres que postulen a sus hijos/as deberán acompañar un certificado de notas del último semestre cursado del hijo/a. Los ingresos serán verificados al interior del área de remuneraciones. 

Según lo acordado por el Directorio Nacional, este año el subsidio se ha reajustado a  $60.000 ( sesenta mil pesos) para socios y socias que "se hayan matriculado en una carrera técnica , profesional de pregrado o de post grado"; y para hijos de socios(as) en los mismos niveles, excepto post grado.

Para optar al subsidio antes indicado el socio(a), deberá presentar en la oficina de ASOFUMI el comprobante de pago de matrícula respectivo y firmar una solicitud de subsidio, la que se encuentra disponible en la oficina de la ASOFUMI. En el caso de regiones, podrán hacer llegar esta documentación correctamente escaneada.

El formulario de postulación estará disponible en nuestra oficina a partir de mañana y en para todos quienes quieran bajarlo desde ese sitio. En regiones, también, solicitarlos a los Dirigentes Regionales. Baja el Formulario aquí:

La postulación estará abierta hasta el viernes 6 de junio de 2014.


Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
MIDEPLAN