Las implicancias de la externalización de los programas del Estado
La política social de los gobiernos
de la Concertación tuvo su origen en el combate a la pobreza. En el de la Nueva
Mayoría el objetivo es la lucha contra la desigualdad. La pobreza se delimita
por ingresos y para ello se determina una línea de pobreza que se construye a
partir de una canasta básica de necesidades. La desigualdad también se
identifica mediante ingresos y el objetivo es disminuir entre los distintos
segmentos de la sociedad, las brechas de ingresos y otras.
Para combatir la pobreza se identificó
a grupos humanos, denominados vulnerables, estos eran las mujeres jefas de
hogar, los niños y los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados y los
indígenas, como así también las familias que según la línea de pobreza, eran
indigentes incorporadas al Programa Puente.
Para combatir la desigualdad se ha
identificado a la educación como motor. Se ha expresado en parte con la
gratuidad de la educación y en aquellos aspectos asociados a una reforma
educacional para que las personas tengan acceso a la herramienta que pueda
disminuir la desigualdad, ofreciendo la oportunidad de hacerlo a través de la
educación.
Además, se han aplicado otras medidas
tales como las de impulsar políticas de género, ámbito que contribuye a generar
también desigualdad.
También hay medidas que contribuirán
desde un nivel institucional a disminuir la pobreza y la desigualdad, ejemplo
de ello es la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, la Reforma al Sistema
Electoral y la redacción de una futura Constitución.
Sin embargo, a mi entender, no se han
tocado dos ámbitos fundamentales para luchar contra la pobreza y la desigualdad
como lo son el sistema de salud y el sistema previsional, a pesar que se haya
implementado anteriormente una reforma a este último sistema con la Pensión
Básica Solidaria.
La Pensión Básica Solidaria y el
Subsidio de Cesantía son dos elementos importantes dentro del Sistema de Protección Social.
La política social contra la pobreza
mantiene la impronta dada por los gobiernos de la Concertación: el acento en
los grupos vulnerables y la ideología familística (la mujer como sujeto
doméstico). Se hace a partir de identificar a las personas que necesitan ayuda
del Estado a través de un Registro Social de Hogares -anteriormente la Ficha de
Protección Social- para incorporar a sus integrantes a las distintas transferencias
monetarias y programas que constituyen
el Sistema de Protección Social.
Hay que hacer notar que existen otros
grupos vulnerables como la gente que vive en la calle, los hijos de personas
privadas de libertad, y las personas que
necesitan cuidados especiales.
Si bien las personas que sufrían la
pobreza fueron identificadas mediante la focalización, lo que ha permitido
disminuirla; la medición a través de un nuevo método como el de la Pobreza
Multidimensional, ha permitido constatar que los pobres por ingreso
aumentan y la desigualdad se hace patente en las distintas dimensiones. Las
brechas de desigualdad se hacen ahora más evidentes con la nueva forma de medir
la pobreza.
Por otra parte, la implementación de
la oferta programática para favorecer a las personas pobres, vale decir, las
distintas intervenciones desde el Estado para superar el problema de la pobreza
tiene a juicio de este autor un problema que disminuye la efectividad de la
intervención: es la externalización del Estado.
La deficiencia que genera la
externalización de los programas sociales se produce porque para llegar a la
población objetivo se implementan varios mecanismos de mercado. La fase
operativa funciona con fondos concursables a los cuales postulan ejecutores
privados. Si bien los ejecutores cumplen con la gestión que determinan en las
bases del concurso, no se sabe si la gestión es suficiente o no para producir
cambios en las personas intervenidas, es decir, si la acción ejecutada tiene o
no impacto.
Por ejemplo, como se señala en la
página web del Ministerio de Desarrollo Social:
|
“Ya
se puede postular al Fondo Chile de Todas y Todos
En este tercer lanzamiento se destinarán $1.100 millones entre las
organizaciones sociales que participen. El proceso de postulación se abrió el
martes 19 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de mayo.”
|
El concurso para acceder a los fondos
se estructura en torno a bases que determinan un deber ser de la intervención,
a un imaginario a alcanzar. Para ello, en la mayoría de las oportunidades las
bases técnicas solicitan requisitos de experiencia en el ámbito de las
políticas y programas sociales, experiencias que no reflejan necesariamente
impacto en las personas que anteriormente se han intervenido. Estas experiencias
reflejan gestión, lo que se ha hecho; pero nada se sabe de sus resultados y
menos de su impacto.
En otros casos, los recursos para
intervenir se transfieren directamente a los ejecutores -Municipalidades- a
través de un convenio que nuevamente está estructurado en torno a la gestión y
no en la intervención social hacia los beneficiarios. En ambos casos se hace
hincapié en la utilización contable de los recursos o gestión, pero no en la metodología de la
intervención.
Desde hace algunos años y hasta hoy
ha migrado a Chile importante número de latinoamericanos. Parte de esta migración necesita de
asistencia social, en consecuencia necesitará ser incorporada al Sistema de Protección Social. Hasta el
momento, han sido incorporados a los servicios universales de salud y
educación.
La asistencia que el Sistema de
Protección Social otorga a las personas de menores recursos se ejecuta como hemos escrito, a través de mecanismos de
mercado, con una gran profusión de intermediarios privados que ejercen la
función pública.
A futuro la asistencia deberá ser
transformada en derechos para las personas y debe ser de carácter universal a
través de servicios estatales: para ello la implementación del Registro Social
de Hogares (RSH) es buen instrumento para otorgar beneficios previa
calificación de las personas. La universalidad se basa en derechos, a
diferencia de la focalización que se basa en carencias.
Los instrumentos mercantiles
utilizados hasta hoy, por ejemplo los subsidios por niño atendido que utilizan
las instituciones colaboradoras del SENAME no han dado los resultados
esperados. Gran parte de la población penitenciaria ha pasado anteriormente por
recintos del SENAME. Agregando a ello la gran reestructuración que requiere ese
Servicio para brindar atención de calidad a los beneficiarios atendidos, sea
por las instituciones colaboradoras o los de administración directa.
Los instrumentos mercantiles han
incidido en que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se ocupen
de la gestión monetaria de la oferta programática ejecutada por terceros y no
de la intervención social que se da en cada programa. Esta forma de administrar
los recursos no corresponde a una intervención social que metodológicamente sea
eficaz, sino que la exigencia de la verificación del gasto se constituye en
centro del quehacer.
Si bien el manejo de los recursos es
importante, la calidad de la intervención lo es más, dado que de ella depende
que las personas tengan elementos para superar su condición de pobres.
La nueva forma de medir la pobreza
nos señala dimensiones deficitarias de la vida cotidiana de las personas, es
decir derechos sociales que no se cumplen; en consecuencia, la intervención
social a realizar se encuentra en estas dimensiones que requieren formular una
nueva oferta programática para que se cumplan los derechos de las personas. Y
esto no puede ser de forma concursable. El Estado debe crear mecanismos
institucionales ad hoc para cumplir con los derechos de las personas que no
están en las instituciones pertinentes. Y en la medida que éstos se cumplan,
disminuirá la desigualdad en los distintos ámbitos.
Pedro Vega Morales
Director Regional Metropolitano
Directorio Nacional Asociación Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social
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