A LOS PARLAMENTARIOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS

Asociación Nacional Funcionarios Ministerio de Desarrollo Social: Les solicita reconsiderar favorablemente asignación Programa Eje de la Ley Ingreso Ético Familiar

De nuestra mayor consideración:

Quisiéramos apelar a su compromiso con los trabajadores, con frecuencia afectados por decisiones políticas y/o técnicas que no dimensionan la complejidad cotidiana y humana que subyace en una fuente laboral.

Respetuosamente le solicitamos vuestra intervención para reponer en el  presupuesto del Misterio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales la asignación 24-03-345 que este año dispone de poco más de 8.231 millones de pesos  en el Programa EJE que forma parte del INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE CHILESOLIDARIO.

ARGUMENTACIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL

Hoy, y sobre la base del presupuesto 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, ingresado al Parlamento, a lo menos 200 trabajadores y trabajadoras a honorarios perderán sus fuentes laborales, producto que la actual asignación presupuestaria 24-03-345 correspondiente a la Partida 21-01-05, relativa al Programa Eje Ley Nº20.595, consigna  $0 (CERO PESOS) en el presupuesto para el año 2016. Se trata de profesionales, técnicos, administrativos y personal auxiliar, que vienen sosteniendo y desarrollando tareas permanentes a lo largo de todos Chile en beneficio de más de 36.500 beneficiarios usuarios mil familias intervenidas durante 24 meses el año anterior, vigente y siguiente, todas en situación de pobreza y/o vulnerables; de ellos 22 mil beneficiarios  del Programa Vínculos programas -adultos mayores vulnerables-, 6.6600 del programa Calle  -personas en situación de calle-,  y otros 7.500 del Programa Abriendo Caminos, niños y sus familias de personas privadas de libertad.

Esta decisión sobre nuestro presupuesto no sólo provocaría un impacto sin precedentes en este Ministerio sobre los derechos laborales de los trabajadores, también afectaría el normal desarrollo de los mencionados programas que se financian con dicho presupuesto. Son estos trabajadores quienes en este último trimestre del año trabajan intensamente estableciendo los primeros contactos con las personas sujetas a intervención para el año 2016.  Estos contactos iniciales, hechos sobres las coberturas comprometidas para el próximo, corren un severo riesgo de incumplimiento de metas, considerando el nivel de avance a la fecha y el legítimo impacto y desmotivación que causa en cualquier trabajador el hecho de ver en riesgo su fuente laboral, habida cuenta que si en el evento se les comunica el término de la relación contractual al 31 de diciembre, como ocurriría de no reponerse la partida presupuestaria en cuestión, les asiste todo el derecho a tomar sus vacaciones pendientes,  lo que reduciría significativamente el tiempo para cumplir con las coberturas comprometidas. 

Las consecuencias, podrían proyectarse en el horizonte de intervención, afectando a los grupos vulnerables de los que hemos hablado; en la asignación de determinadas prestaciones monetarias a las que pueden acceder siempre y cuando estén incorporados a los referidos programas. Finalmente, esta cadena de efectos puede impactar en los indicadores de gestión de nuestro ministerio para el año 2016, considerando que la meta Vínculos es partes del PMG institucional.

ARGUMENTACIÓN SOBRE EL IMPACTO LABORAL

Trabajar es un derecho y por cierto no un privilegio; en lo formal el Estado de Chile ha reconocido este derecho, garantizado desde hace mucho tiempo como un derecho humano por tratados internacionales y por acuerdos que en lo sucesivo han ido dotando de contenido este derecho fundamental, entre ellos el Programa de Empleo Decente que promueve derechos en el trabajo, igualdad de oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Pese a estos avances y muchos otros que reconocemos ha promovido el Estado bajo el impulso de las organizaciones de trabajadores, continúa pendiente entre otras deudas con los trabajadores del sector público, el término de la precarización contractual de miles de trabajadores que cumplen funciones permanentes y necesarias en la administración del Estado, no obstante son contratados bajo la figurar de Honorarios, como si se tratara de trabajadores que desarrollan labores accidentales y no habituales.

Esta suerte de engaño que el propio Estado realiza a contramano de los acuerdos internacionales y los compromisos suscritos, ha venido siendo develado por los tribunales del país, poniendo, aún caso a caso, una cuota de justicia en medio de tanta inequidad. Así mismo, se han dado pasos en tal dirección, a través del anuncio Presidencial de incorporar a la contrata, en u horizonte de 3 años a un número cercano a los 8.800 trabajadores, iniciativa que celebramos pero que aún resulta insuficiente dado la magnitud del problema.

Lo que señalamos es parte de un diagnóstico de larga data que funda una reivindicación que los sindicatos públicos hemos venido levantando con mayor fuerza en el último tiempo y que sin duda no es desconocido para usted. También, permite poner en contexto la solicitud que nos convoca y que provoca esta misiva; su urgencia y relevancia.

Estos trabajadores constituyen por sobre el 40% de la dotación a honorarios de nuestro Ministerio y mas allá de las cifras,  en definitiva representan personas con historias, familias y sueños, que han sido sorprendidos por esta eventual amenaza de despido, si en efecto no se logra revertir la situación y son repuestos los 8.231 millones que fueron borrados del presupuesto.  ¿Bajo qué racionalidad técnica, económica o política se tomó esta decisión? Lo desconocemos, puesto que a pesar de mantener diálogo permanente  con nuestras autoridades centrales,  en ningún momento siquiera se  nos adelantó un escenario de tales características, cuestión que además nos hace poner en duda la calidad y transparencia del diálogo que creíamos sostener.

LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR NUESTRO MINISTERIO

Estimado Parlamentario, esta Asociación de Funcionarios procura en todo evento actuar con responsabilidad y equilibrio, sin embargo nuestro rol, entre otros, es advertir y denunciar situaciones respecto de las cuales puedan afectarse  derechos de trabajadores, incluso si tales trabajadores  no están asociados a nuestra organización. Así también, nos preocupa que las políticas públicas que estamos llamados a implementar se ejecuten resguardando la calidad de la intervención y su impacto en las familias y personas más vulnerables.

Nosotros en su momento fuimos muy críticos de la ley Nº20.595 “CREA EL INGRESO ÉTICO FAMILIAR QUE ESTABLECE BONOS Y TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA LAS FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA Y CREA SUBSIDIO AL EMPLEO DE LA MUJER”, la que contiene en la actualidad al programa EJE;  de su enfoque y de la manera como se ha implementado. Nuestra crítica ha sido reflexiva y propositiva, hemos estado disponibles para junto a nuestras autoridades abordar éstas y otras reformas que hoy requiere nuestro Ministerio, algunas de las cuales probablemente pueden impactar sobre su dotación, funciones y su orgánica; no obstante, creemos que un proceso  de esas características requiere de una amplia y participativa discusión y de tiempos acordes con ese debate.

Nos opusimos como organización gremial a esta ley, sus componentes, aquello está reflejado tanto en la asistencia a la Comisión de Pobreza de la Cámara y en  distintos documentos que difundimos en su oportunidad. Sin embargo el costo de las decisiones que consideramos erradas, no lo pueden pagar ahora sin más, los trabajadores, como ha venido ocurriendo con frecuencia.

Cualquier reforma de la ley y sus programas debe hacerse en el marco de un debate amplio en el cual los trabajadores tengamos un espacio incidente; si el producto de ese debate indica finalmente que las adecuaciones que deban realizarse a la ley en cuestión,  tienen, entre otras cosas, impacto en la dotación de trabajadores adscritos a ella, habrá sido luego de un proceso que entre otras cosas permitiría a quienes trabajan bajo su alero prever  y reformular sus proyectos laborales en plazo y bajo argumentos conocidos por todos, pero resulta inaceptable que  hoy nos encontremos en esta situación, producto de una discusión presupuestaria con DIPRES que desconocemos y  bajo el inminente despido o término  de contrato de más de 200 trabajadores y trabajadores públicos en esta cartera.

Reiteramos, que por las razones anteriores, respetuosamente le solicitamos vuestra intervención para reponer en el  presupuesto del Misterio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Servicios Sociales la asignación 24-03-345 que este año tiene poco más de 8.231 millones de pesos  en el Programa INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y SISTEMA CHILE CHILESOLIDARIO.

Sin otro particular, les saludan,

DELIA ARNERIC ALVAREZ

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO NACIONAL 

Asociación de Funcionarios Ministerio Desarrollo Social