Calidad técnica e independencia: necesarias para salvar nuestra credibilidad
La Asociación de Funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social, ASOFUMI, estima necesario representar a la comunidad de
funcionarios de nuestro ministerio y al país, su preocupación por el proceso
relacionado con la licitación para el levantamiento de la encuesta CASEN 2013.
Como es de público conocimiento, durante el transcurso de este mes que concluye,
las autoridades del ministerio debieron declarar desierta la licitación
correspondiente a la CASEN a levantarse durante el presente año ante la
ausencia de oferentes. Entre las razones que explican la negativa de los
eventuales participantes a postular estaría la ausencia de una respuesta
satisfactoria por parte del ministerio en términos de señalar cuál será la
institución que actuará como contraparte del proceso en términos de efectuar el
posterior ajuste de los ingresos y el cálculo del porcentaje de pobreza.
La aprensión de los postulantes parece justificada a
la luz de los hechos ocurridos durante el año pasado en relación con el proceso
de la CASEN levantada el 2011. Como ya es sabido, en esa oportunidad las
autoridades del ministerio solicitaron a la CEPAL la incorporación de una
variable correspondiente a los ingresos de los hogares, la que inicialmente fue
descartada por ese organismo. Esta solicitud se justificó apoyándose en la
existencia de un pretest, el que con posterioridad demostró ser inexistente. Lo
anterior levantó fundadas dudas en la opinión pública sobre la cifra oficial de
pobreza entregada por el ministro Lavín en julio del año pasado, generando
además el cuestionamiento de destacados académicos como Dante Contreras,
Eduardo Engel, Sergio Urzúa y otros. Con posterioridad y ante el evidente daño
a su prestigio como consecuencia de la polémica suscitada, la CEPAL tomó la
decisión de marginarse del proceso de futuras encuestas CASEN. Pese a los
infructuosos esfuerzos del gobierno -y en particular del ministro Lavín- por
situar la responsabilidad de las críticas en la negativa de ciertos actores
políticos en “reconocer el éxito del gobierno en la reducción de la pobreza”,
finalmente se decidió dejar sin efecto la aplicación de la encuesta CASEN
correspondiente al año 2012, la cual había sido adjudicada al Centro de
Microdatos de la Universidad de Chile.
De esta forma, se consumó el daño producido a un valioso
instrumento del Estado de Chile que resulta fundamental para medir el impacto
de las políticas sociales en aplicación.
Cabe recordar que el Presidente Sebastián Piñera, a
inicios del año 2010, solicitó expresamente al ex ministro Felipe Kast aumentar
la frecuencia con la que se medía la pobreza, pretendiéndose alcanzar con la
meta de una periodicidad anual, para disponer de una evolución de las cifras que
al final de su administración evidenciaran la erradicación de la extrema
pobreza. Esta meta que no sólo no se logró cumplir, podría incluso volver a lo que
fue la periodicidad habitual de 3 años antes de este gobierno.
Los plazos que establece el cronograma de la CASEN
2013 tornaban inviable efectuar una nueva licitación con lo que el margen de
acción de las autoridades del ministerio quedó restringido a la realización de
una adjudicación directa que hoy se han comunicado sería para el Centro de
Microdatos de la Universidad de Chile. Por otra parte, en ausencia de una
institución como la CEPAL u otros organismos internacionales que fueron
sugeridos –que permitieran otorgar las necesarias garantías- el ministerio ha
optado finalmente por nominar una comisión de 7 expertos que supervisarán el
proceso desde el diseño del cuestionario, el cálculo de la pobreza y la publicación
de los resultados.
No cabe duda que los académicos y expertos nominados
tiene una trayectoria reconocida, sin embargo, llama la atención el rol
preponderante de la Universidad Católica de Chile; la exclusión absoluta de
alguno de los 30 economistas que el año pasado efectuaron severas críticas a la
encuesta Casen 2011.
Más nos preocupa que sólo a partir de octubre si se
cumplen sus programaciones, el Comité de Expertos para analizar la Medición de
la Pobreza conformado en diciembre del año pasado, recién hará entrega al
Ejecutivo de los resultados. A partir de ello, surgen interrogantes ¿qué aspectos
metodológicos se incorporarán que permitan la comparación de las cifras? ¿tiene
sentido hacer la encuesta si parte importante del trabajo de esta Comisión depende
de los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares que teóricamente el
INE tendría en agosto? ¿Se aplicará la encuesta con los mismos parámetros de
medición anteriores?
Dado todo lo anterior, le advertimos al Sr. Ministro Bruno
Baranda, la necesidad que este proceso
se ajuste a estándares y protocolos que garanticen que el posterior escrutinio
público no deje duda alguna con respecto a la calidad técnica y la independencia
de lo realizado; ello en pos de la imagen y la credibilidad de nuestro
Ministerio, principalmente las de sus funcionarios.
Directorio Nacional ASOFUMI
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