DESPILFARRO EN RECURSOS PÚBLICOS EN PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE NO FUNCIONA.
A inicios del año 2010 el diagnóstico de la saliente administración respecto de los sistemas y plataformas informáticas desarrolladas por el Ministerio, fue que éstas no reportaban, estaban obsoletas y que en la práctica, operaban como islas de información. En base a este diagnóstico un grupo de “selectos” ingenieros comerciales, tomó la decisión de comprar la plataforma BPM (Business Process Management), un software “atómico” -en palabras del ex Secretario Ejecutivo de Protección Social, Pedro Pubill- que con su implementación permitiría dar cuenta de la implementación del I.E.F, integrando todos los sistemas informáticos del Ministerio en una sola plataforma.
A 3 años del hito histórico de la compra de BPM por parte de esta administración, el crudo y triste escenario es el siguiente:
El BPM le ha costado al Ministerio de Desarrollo Social y específicamente al Estado de Chile del orden de 820 millones de pesos, los que se desglosan en: compra, mantención, pago de licencias y desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. Esto, sin considerar la cantidad de recursos que se destinaron para la contratación de personal durante estos años, tanto en la División de Promoción y Protección Social como en la Oficina de Informática con sueldos muy por sobre el promedio; lo que agrava aún más la situación evidenciando finalmente, una gestión ineficiente en el uso de los recursos públicos.
Este sistema BMP nunca cumplió su objetivo de integrar cabalmente las distintas plataformas dispuestas por este Ministerio para una serie de ejecutores. Cabe señalar que, a esa fecha, no existían en Chile desarrolladores de esta plataforma que conocieran su arquitectura tecnológica y que pudieran explotarla adecuadamente. Dado lo anterior, una vez concretada la compra del sistema, el Ministerio tuvo que destinar recursos para capacitación en esta tecnología a una serie de profesionales de la Oficina de Informática y de la División de Promoción y Protección Social, lo cual tuvo un costo para el ministerio de varios miles de dólares.
En este punto, cabe preguntarse la responsabilidad que le compete a la Oficina de Informática en cuanto al rol que ha tenido, asesorando técnicamente al Ministerio y autoridades que correspondan, en decisiones tan importantes como la compra de software de esta envergadura. Es preciso señalar, que existen 5 profesionales contratados con cargo al presupuesto del I.E.F que actualmente se desempeñan en el Departamento de Tecnologías de la Información.
En la actualidad, existen aproximadamente 10 sistemas que no cuentan con ninguna vinculación tecnológica entre sí, cada sistema tiene un lenguaje de programación diferente, bases de datos diferentes, por lo cual no existe la integración prometida por esta administración. A nivel operativo, se cuenta con información incompleta y errónea para los distintos procesos que se implementan tanto a nivel central como en regiones. Debido a esta fragmentación de plataformas, todos los procesos se están realizando deforma manual -leyó bien, y en pleno siglo XXI!-, como son las cargas de bases de datos, traspasos de familias de un sistema a otro, validaciones, etc.
Lo anterior, ha significado que la plataforma BPM SSYO genera actualmente una serie de fallas; por citar algunos ejemplos; la información de 5.000 familias del IEF y sus integrantes figuran desaparecidas, existen familias ingresadas que no cuentan con sus transferencias monetarias, familias que por problemas de sistema no han recibido el acompañamiento, entre otros.
Dada esta sucesión de errores y mientras “aprendían” a conocer el sistema que compraron, desde la cúpula a cargo del IEF se tomó la decisión de contratar el diseño de plataformas “transitorias” mientras entraba en operación el BPM. El año 2013 se invirtieron $40 millones en mantención de sistemas transitorios. Para el presente año se han contemplado $30 millones adicionales sólo para un "parche". Sin embargo, a la fecha prácticamente ninguna de ellas se encuentra en operación.
La única plataforma que funciona correctamente es la de Eje transitorio. Una plataforma momentánea que va a cumplir 1 año de uso. No obstante, se siguen gastando recursos de todos los chilenos para el desarrollo de plataformas sobre cuales existen razonables dudas de que se mantengan operativas en el corto plazo. En síntesis, un muy buen negocio para algunas consultoras privadas, pero un pésimo gasto realizado por parte del Estado.
Para el año 2014 en total se contemplan recursos por $300 millones más para seguir “parchando” y desarrollando sistemas transitorios. De hecho, gracias al despilfarro de recursos descrito en los párrafos precedentes, paradojalmente existen plataformas que no cuentan con soporte informático como es el SIGEC, que pese a los cuestionamientos iniciales de esta administración, se ha mantenido operativo y asumiendo cargas de datos de otros programas o sistemas que han mermado su óptimo funcionamiento y desvirtuado su propósito original.
Hoy nos preguntamos:
¿Cómo se está haciendo la gestión de los programas a cargo de la Subsecretaría de Servicios Sociales? ¿Cómo se realiza el monitoreo y seguimiento de éstos, si los sistemas no están operando?
¿En base a qué información se está difundiendo a la ciudadanía y a la opinión pública en general, los logros y resultados “exitosos” de este gobierno?
La incapacidad de quienes participaron del despilfarro de recursos públicos es responsabilidad de los propios actores, pero también de autoridades que no usaron durante estos 4 años criterios mínimos para la selección de sus equipos de confianza y apoyos “profesionales”.
Este nuevo “despropósito” parece dar cuenta no sólo de torpeza e ineptitud, sino además, de graves irregularidades que estarían afectando el patrimonio institucional y derechos ciudadanos de familias y personas altamente vulnerables.
Esperamos que las nuevas autoridades se hagan cargo de esta denuncia y de otras que ya hemos realizado, así como de las que estamos pronto a realizar.
Demandamos, a lo menos que desde el primer momento de la gestión que se iniciará el 11 de marzo, se efectúen las auditorías internas que correspondan, así como los sumarios internos y denuncias a la Contraloría General de la Republica en el evento se desprendan de tales fiscalizaciones.
Estaremos atentos y vigilantes para contribuir a que iniciativas de control y fiscalización se verifiquen.
Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
Ministerio de Desarrollo Social
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