COMUNICADO DE PRENSA

A LAS AUTORIDADES DEL PAÍS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

Esta semana debiera iniciar su tramitación en el Parlamento el proyecto enviado el pasado 13 de mayo por S.E la Presidenta de la República -con el patrocinio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)- que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. En esencia este proyecto transfiere las funciones de planificación regional, entre otras, desde las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) a los Gobiernos Regionales, entregándoles además nuevas funciones y recursos; ante lo cual la Asociación Nacional de Funcionarios de MIDEPLAN, da a conocer a la opinión pública, lo siguiente:

El proyecto se sustenta en una interpretación de la Ley de Gobierno y Administración Regional, en que sus funciones en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas, desarrollo social y cultural, se asignan al Intendente como Ejecutivo del Gobierno Regional (GORE), apoyado en su Servicio Administrativo.
Este diseño, implica que para llevar a cabo estas funciones, el Gobierno Regional necesita complementariamente traspasarlas desde MIDEPLAN hacia el Servicio Administrativo del GORE; y se plantea que en el tiempo, desde otros Ministerios también. Esta concepción del Gobierno Regional se traduciría en la creación de un gran servicio público regional, encargado de asumir todas las funciones que la ley les asigna.
En contraposición, si entendemos al Gobierno Regional en una concepción más amplia y articulada, esto es, el Gobierno en la región, con sus órganos y servicios descentralizados, Secretarías Regionales Ministeriales y organismos desconcentrados, las funciones encomendadas al GORE adquieren más bien un carácter complementario, sinérgico, tanto en cuanto, el GORE para cumplir con las funciones generales que la ley le establece, cuenta con el concurso y asesoría de los diversos servicios descentralizados, que tienen las competencias (funciones, ámbito, atribuciones y capital humano) legales para cumplirlas. Es el caso de las SERPLAC respecto de las funciones de planificación regional.
El proyecto de ley enviado al Parlamento, por tanto, no es la mejor alternativa en pos de una profundización del proceso de descentralización.

Los Intendentes son quienes políticamente asumen el liderazgo en las Regiones. Por lo tanto, sólo de ellos depende de qué forma utilizan o no las capacidades instaladas en las SERPLACs o en las Plantas Administrativas de los Gobiernos Regionales. Lo lógico sería -desde el punto de vista del fortalecimiento bien entendido de la descentralización- utilizar ambas instancias de la forma más eficiente posible y no privarse de una de ellas, en la medida en que ambas instituciones le están subordinadas, más aún cuando ello significa una nueva contratación de más de 30 profesionales para los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales, a quienes se les ha estado entregando conocimientos y herramientas para ejercer las funciones antes descritas.

Que el mencionado proyecto de Ley fue redactado inicialmente excluyendo la obligación de que todos los proyectos, programas y estudios financiados con recursos de las regiones deban ser analizados técnica y económicamente por MIDEPLAN; utilizando para ello las excepciones que le permite la Ley de Presupuestos anualmente aprobada; y sin que se respete el ejercicio legal que le asiste a este Ministerio y lo que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Sin perjuicio de ello, no existe certeza de que en el Parlamento definitivamente no se restituya esta indicación, lo que implicaría poner en riesgo la eficiencia de la inversión pública, por cuanto el análisis realizado por MIDEPLAN asegura que se resuelven problemas específicos de la comunidad; mediante un análisis de alternativas viables, seleccionándose la mejor de éstas para resolverlos; velando porque estas inversiones sean coherentes con las políticas públicas nacionales y regionales.

Que cada vez que el Estado chileno ha financiado proyectos que no han sido ingresados al Sistema Nacional de Inversión Pública y evaluados según sus normas, se ha expuesto a fracasos y consecuentes costos enormes para corregir los errores; y que por tanto, instituciones del propio Estado Chileno tratan de evitar que el Sistema Nacional de Inversión Pública haga su trabajo técnico, pretendiendo que la asignación de recursos públicos se realice obedeciendo a otros criterios bajo el argumento de acelerar la gestión o modernizar el Estado.

Que lo más lamentable es que se pretenda confundir el buen juicio de la opinión pública, por cuanto los legítimos esfuerzos de descentralización y desconcentración nada tienen que ver con un proyecto de ley muy débil conceptualmente, que no reconoce la capacidad instalada en las Secretarías Regionales de Planificación, sumada a una gestión de primera línea en la planificación de las políticas públicas orientadas al desarrollo social, aportando al desarrollo regional y comunal a través de propuestas, información, estudios técnicos, elaboración de diversos instrumentos de planificación regional y principalmente de articulación de diversos actores públicos y privados.

Que los impulsores externos –principalmente la SUBDERE- de los denominados “procesos modernizadores y descentralizadores”, con la anuencia de las autoridades anteriores de MIDEPLAN, una vez más no hayan considerado la real participación de los funcionarios, quienes responsable y comprometidamente han entregado valiosos aportes en experiencia y visión de futuro para el país. Una multiplicidad de análisis y propuestas han sido elaboradas y discutidas entre los funcionarios de este Ministerio y sus regiones, y entregadas a las autoridades hasta el año pasado.

Por todo lo anterior es que hacemos un llamado a los trabajadores del Ministerio de Planificación a mantenerse en estado de alerta, con el siempre irrestricto apoyo de la ANEF, por este nuevo intento de transferir competencias ya radicadas en las regiones y debilitar las instituciones del propio Estado, cuyos resultados sólo significarán mayores costos para el país, y menor satisfacción de las necesidades reales de los/as ciudadanos/as.

La Asamblea Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Planificación ha constituido comisiones de estudio de alto nivel profesional para solicitar al Parlamento se consideren sus planteamientos en el análisis de este proyecto de ley y también en la discusión presupuestaria del año próximo con el objetivo de velar por la eficiencia en el uso de los recursos fiscales.

Exponemos a la opinión pública que exigiremos participación efectiva, transparencia, consideración y respeto a los derechos laborales, por cuanto en esta institución del Estado existen equipos de trabajadores que se han capacitado en Chile y también en el extranjero, que tienen una vocación y experticia para desarrollar estas funciones; y a quienes parece insólito despojar de sus funciones, cuando éstas forman parte de la esencia de un país, de una región, de una comuna y más aún del objetivo para el cual fue creado el Ministerio de Planificación.

Agradecemos a todos los medios de comunicación hacer público este comunicado.



DIRECTORIO NACIONAL
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN