LOS COMPROMISOS NO CUMPLIDOS POST APROBACIÓN DE LA LEY
El Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios denuncia que en pleno proceso de calificaciones y ad portas de la promulgación de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, hace unos días han sido notificados de despido en la Secretaría Ejecutiva de Protección Social, -uno de los centros neurálgicos de esta nueva institucionalidad-, 4 profesionales, dos de los cuales asociados de este entidad gremial.
A ellos se suman anteriormente, la encargada del Servicio de Bienestar, doña Miriam Pavéz, exonerada sin razones; y Alejandra Ruz, profesional de la Oficina de Control de Gestión por “no ajustarse al perfil”, la razón de la sinrazón. Los colegas ahora despedidos en su mayoría, disponen de una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de las políticas sociales:
· Pedro Fuentes Parraguez. Ing. de Ejecución Informática 12 años en Mideplan. Profesional de la Unidad de Gestión Territorial de programas.
· Mónica Maluenda Merino. Profesora. Contrata. 11 años en Mideplan. Coordinadora de la Unidad Intersectorial de Programas sociales.
· Sergio Said Maldonado. Constructor Civill. Contrata. 6 años en Mideplan, antes en el SERVIU Atacama. Encargado Nacional del programa Habilitabilidad del sistema ChileSolidario.
· Beatriz Cuello Meneses. Técnico. Contratada a honorarios hasta al 31.12.2011 en el marco del diseño de la Asignación Social.
La Secretaria Ejecutiva no ha otorgado argumento sólido para estos despidos, excepto que en el marco de las “nuevas orientaciones” del Ministerio de Desarrollo Social se están "haciendo reestructuraciones". Cabe preguntarse ¿por qué fueron despedidos si estaban bien evaluados? Resulta muy coincidente que parte de estos funcionarios desarrollaran funciones claves en la gestión y coordinación de las transferencias de diversos programas sociales a nivel nacional, flujos de recursos públicos que totalizan una cifra superior a los 50 mil millones de pesos entregados a los municipios del país. Se agrega a ello que sus funciones permanecen y ya se encuentran prontas a ser reasignadas ¿cuáles son entonces las nuevas orientaciones que indica la autoridad? ¿estas nuevas orientaciones contemplan bloquear el acceso a los computadores de uso corporativo mientras aún se cumplen funciones hasta que la Contraloría tome razón de su término de contrato?
La participación de nuestro gremio en la discusión del proyecto de ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social tuvo como objetivo central el garantizar el traspaso de todo el personal a esta nueva cartera. Una proporción relevante de los parlamentarios de la oposición nuevamente erraron y desconocieron con su voto, nuestros sólidos argumentos político-técnicos. De los congresistas de la coalición gobernante no esperábamos más que el irrestricto apoyo a los Ministros Kast y Lavín; y por supuesto, el desconocimiento absoluto y arrogante del rol que ejercemos las asociaciones de funcionarios.
El Ministro Lavín se comprometió en su despacho con esta Asociación de Funcionarios y con varios dirigentes regionales, para suscribir un protocolo que garantizara la estabilidad de los funcionarios hasta el pleno funcionamiento del nuevo Ministerio. En el Parlamento, -y ante la presencia de diputados, parte del Gabinete Ministerial y los dirigentes de la Asociación- la Subsecretaria Soledad Arellano estuvo dispuesta para trabajar conjuntamente en la elaboración de los reglamentos que se derivarán de esta ley, comenzando por la estructura interna de esta institucionalidad, desconocida por el 100% de los parlamentarios que aprobaron la ley y por supuesto, por quienes continuarían trabajando en ella.
Pues, desde agosto hemos solicitado una reunión al señor Ministro para formalizar tales compromisos, respuesta que no existe hasta la fecha, sin que ello constituya sorpresa alguna aún cuando sea absolutamente reprochable.
Por todo lo anterior, rechazamos con toda energía esta nueva intimidación a los funcionarios del Ministerio que ya tiene más de 100 despidos a su haber durante el primer año de gobierno; por cierto todos los cuales han sido reemplazados. Repudiamos que se estén utilizando las calificaciones parciales como un sistema diseñado no para medir el desempeño y el cumplimiento de metas, sino como un instrumento perverso para justificar nuevos despidos y consecuentes reemplazos.
Hemos solicitado nuevamente a los parlamentarios y medios de comunicación intervenir y difundir esta situación que ha causado enorme indignación en todos los funcionarios del país, por cuanto quienes han sido despedidos son profesionales conocidos por su buena gestión. A los trabajadores públicos sólo nos queda denunciar, protestar y recurrir a la justicia laboral chilena para exigir se restablezcan nuestros derechos básicos. La legislación y la práctica política hasta ahora han demostrado que navegan por otras aguas muy diferentes a las que esperaríamos especialmente quienes conformamos el denominado Ministerio de “desarrollo social”.
Directorio Nacional
Asociación de Funcionarios
de MIDEPLAN
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